El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a un hombre y dos mujeres por el delito de comercialización de estupefacientes y explotación económica de la prostitución ajena, hechos ocurridos en Río Grande entre 2021 y 2022.

 

gob.ar, la sentencia fue impartida el pasado 25 de agosto en juicio abreviado por la jueza Ana María D’Alessio, quien actuó como tribunal unipersonal. Juan Manuel Montivero, de 52 años, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, además de una multa de $30.000. La Justicia lo consideró autor del delito de "comercio de estupefacientes" y partícipe secundario en dos hechos de "explotación del ejercicio de la prostitución ajena".

 

Su pareja, María Ysabel Del Rosario Pérez, de 39 años y nacionalidad dominicana, recibió una pena de cuatro años y cinco meses de prisión y una multa de $60.000. Fue considerada responsable de dos hechos de explotación sexual y partícipe secundaria en la actividad de comercialización de drogas.

 

En tanto, Denise Rodríguez Castillo, de 47 años y nacionalidad colombiana, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional, junto con una multa de $30.000, por su participación secundaria en los hechos de explotación.

 

La pesquisa comenzó a partir de una denuncia recibida en abril de 2021 por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se alertaba sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en Río Grande que tendría como protagonista a Montivero, quien supuestamente utilizaba una agencia de automóviles como fachada.

 

Las primeras medidas investigativas permitieron establecer que el hombre se movilizaba habitualmente en un Fiat Siena y que realizaba entregas de pequeñas cantidades de droga. Con el avance de la causa también surgió que Montivero y Pérez alquilaban un inmueble donde funcionaba un denominado “privado”, en el que dos mujeres ofrecían servicios sexuales.

 

La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Marcelo Rapoport, de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En la etapa correspondiente al acuerdo de juicio abreviado intervino además la fiscal federal María Lía Hermida.

 

Allanamientos y secuestro de cocaína

En 2022 se concretaron cuatro allanamientos, procedimientos durante los cuales fueron detenidos los principales investigados. En uno de los domicilios fueron halladas distintas cantidades de cocaína, tanto fraccionada como en forma sólida, además de una pequeña cantidad de marihuana, dinero en efectivo, una balanza de precisión y preservativos.

 

En otro inmueble fueron encontradas las dos mujeres posteriormente reconocidas como víctimas de explotación. Allí también se secuestraron preservativos y otros elementos relacionados con la actividad sexual. Según la valoración realizada en la sentencia, las intervenciones telefónicas y el resto de las pruebas reunidas permitieron establecer que Montivero se encargaba de la droga, concretaba las ventas y efectuaba personalmente las entregas mediante la modalidad de delivery.

 

Pérez, en tanto, colaboraba ocasionalmente con esa actividad, aunque su rol principal dentro de los hechos investigados estuvo relacionado con la administración del lugar donde se desarrollaba la actividad sexual.

 

Cómo funcionaba el “privado”

En relación con las dos mujeres damnificadas, la investigación estableció que Pérez alquilaba el inmueble y tenía a su cargo la administración del lugar. También realizaba los cobros y utilizaba un dispositivo de Mercado Pago, circunstancia que para la Justicia permitió vincularla directamente con el manejo de los ingresos.

 

Una de las víctimas declaró que debía entregar aproximadamente el 30% de cada “pase”, además de otro porcentaje correspondiente a las consumiciones que realizaban los clientes.

 

Rodríguez Castillo tuvo, según el fallo, una intervención de menor entidad. Entre otras tareas, atendía el teléfono del lugar, informaba a los clientes sobre los servicios, precios y ubicación del inmueble y brindaba asistencia a Pérez.

 

Prohibición de contacto y decomisos

Como parte de las condiciones impuestas por la Justicia, Montivero y Pérez deberán mantenerse alejados y sin contacto con las víctimas, además de tener prohibida la salida de la provincia y del país. También deberán fijar domicilio, informar cualquier modificación y presentarse cada quince días ante la Policía Federal Argentina en Río Grande.

 

Para Rodríguez Castillo, al tratarse de una pena en suspenso, se establecieron reglas de conducta que incluyen fijar residencia, someterse al control de la autoridad correspondiente, no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol y mantener la prohibición de contacto con las víctimas.

 

La magistrada, además, reconoció formalmente a las dos mujeres como víctimas del delito de explotación de personas, disponiendo la restitución de sus derechos conforme a la legislación vigente.

 

Finalmente, se ordenó el decomiso de teléfonos celulares, dos automóviles —un Fiat Siena y un Honda Civic— y dinero secuestrado durante los procedimientos. Los $415.590 y US$292 incautados serán destinados al Programa Nacional de Reparación Integral a Víctimas de Trata de Personas.