La intervención nacional del puerto de Ushuaia enfrentó nuevas críticas tras conocerse la apertura de un sumario sobre empresas de catamaranes y actuaciones de la Dirección Provincial de Puertos. El legislador provincial Pablo Villegas cuestionó la medida como parte de un conflicto más amplio que involucra disputas políticas y judiciales sobre el alcance de las facultades nacionales en la terminal portuaria.

Villegas sostuvo que la intervención permanece jurídicamente cuestionada desde su origen y afirmó que los nuevos procedimientos profundizan el problema. "Estamos en presencia de funcionarios que están actuando, a mi modo de ver, en un marco legal absolutamente objetable en términos jurídicos, constitucionales y de la organización del Gobierno Federal. Desde el primer día vengo diciendo que es una arbitrariedad muy manifiesta esa intervención del puerto de Ushuaia", expresó.

El legislador aclaró que desconoce los términos de los acuerdos entre las empresas de catamaranes y la Dirección Provincial de Puertos, y señaló que será necesario determinar qué obligaciones existían y cuál es el objetivo concreto del sumario. Sin embargo, relacionó este episodio con las consecuencias de haber aceptado inicialmente la intervención sin mayor oposición.

Villegas cuestionó que distintos sectores hayan relativizado quién debía administrar la terminal portuaria y sostuvo que los últimos acontecimientos deberían modificar esa posición. "Hubo gente que ha dicho que no nos interesa quién administra el puerto. También estas situaciones les tienen que resultar, con mucho respeto, como una especie de escarmiento de que hay que defender lo nuestro entre todos, porque somos los fueguinos los que tenemos el derecho de definir el marco de gestión y los objetivos de uno de los activos más importantes que tiene la provincia", expresó.

El conflicto continúa tramitándose ante la Corte, pero Villegas consideró que esa vía demandará tiempo y reclamó complementarla con una respuesta política entre autoridades provinciales y nacionales. "Hace falta un esfuerzo de la política y de los políticos en el más alto nivel institucional para enderezar y volver a restituir el estatus que teníamos antes de la intervención, tratando de corregir y hacernos cargo de las cosas que se venían haciendo mal, pero sin admitir una situación que representa un verdadero atropello a nuestra autonomía", sostuvo.

Investigación sobre el radar de Tolhuin

La comisión investigadora que analiza la instalación del radar de Leolabs en Tolhuin continúa incorporando documentación y testimonios. Villegas señaló que la investigación permitió detectar gestiones vinculadas con el proyecto desde noviembre de 2021, antes de la constitución de Leolabs Argentina. "Muchas conjeturas y muchos dichos que se efectuaban en 2023 van quedando sin fundamentos o sin respaldo en la documentación que nosotros vamos adquiriendo", indicó.

La Dirección Provincial de Energía retiró el medidor y dejó de prestar servicio eléctrico a las instalaciones, pero el testimonio del exsenador Pablo Blanco instaló dudas sobre una posible operación mediante otros sistemas de alimentación. La comisión prevé solicitar formalmente la intervención de la CONAE para realizar una inspección técnica en el lugar y determinar las condiciones reales del equipamiento.

Si esa participación no se concreta, la comisión evaluará solicitar autorización al propietario de la estancia para ingresar y, en caso de negativa, recurrir a la Justicia. La continuidad de la investigación dependerá además de una prórroga del mandato de la comisión, que vence a comienzos de septiembre. Villegas anticipó que buscará extender ese plazo y avanzar con nuevos testimonios, mientras intenta acordar con otros bloques una fecha para retomar las sesiones legislativas antes de fin de mes.