El intendente de Río Grande, Martín Perez, volvió a cuestionar el manejo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) por parte de La Libertad Avanza y reclamó que parte de esos recursos se utilicen para atender la emergencia laboral que atraviesa la ciudad. Describió como de "extrema gravedad" el escenario actual y sostuvo que el retroceso industrial está directamente relacionado con las decisiones económicas del Gobierno nacional.
Como indicador de la crisis, Perez recordó que Río Grande llegó a contar con cerca de 15 mil trabajadores vinculados a la industria y que actualmente esa cifra se ubica en torno a los 5 mil. "Es muy triste ver una ciudad que supo tener casi 15.000 trabajadores ocupados en la industria, a no más de 5.000 como nos pasa hoy", expresó.
El jefe comunal planteó qué función debe cumplir el FAMP cuando la principal ciudad industrial de Tierra del Fuego atraviesa una contracción sostenida del empleo. El Municipio había presentado una iniciativa para utilizar parte de esos recursos en la creación de una herramienta similar a un seguro de desempleo, complementada con programas de capacitación y reconversión laboral, pero Perez aseguró que la propuesta no registró avances.
Una de sus principales críticas apuntó a la orientación de algunos recursos vinculados al Fondo. Rechazó el argumento de que Río Grande no accede a mayor financiamiento por falta de proyectos y puso como ejemplo inversiones realizadas por empresas radicadas en la ciudad que finalmente terminaron destinadas al sector hotelero de Ushuaia. "Si la decisión es que las empresas inviertan esos recursos excedentes del FAMP en Ushuaia, por lo menos dennos herramientas que nos permitan contener y paliar la situación del empleo en Río Grande", reclamó.
En paralelo, Perez señaló que la relación financiera con el Gobierno provincial suma otro frente de tensión. Negó que actualmente exista un escenario de consenso con la Provincia y afirmó que la deuda correspondiente a fondos de coparticipación alcanza aproximadamente los 14 mil millones de pesos. Agregó que no hubo avances en el convenio que permitiría que los afiliados de la obra social provincial reciban atención en los servicios municipales de Río Grande.
Perez también explicó que el Municipio incrementó el acompañamiento con alimentos, alquileres y servicios básicos, pero señaló que la problemática excede la ayuda económica. Por ese motivo, se pusieron a disposición equipos de salud mental para asistir a trabajadores despedidos. Mencionó especialmente la situación de personas de entre 45 y 50 años que encuentran mayores obstáculos para reinsertarse en el mercado laboral.
Frente a este panorama, el intendente anticipó que el Municipio buscará durante los próximos meses recuperar actividad económica mediante inversión propia en obra pública. Confirmó la continuidad del natatorio, la Carpa de la Dignidad y otros trabajos en ejecución, además de un plan vial que incluirá pavimentación, cordón cuneta y mejoras de calles en distintos barrios. "Nosotros queremos volver a reactivar la obra pública en la ciudad porque es un motor de desarrollo de nuestra economía", afirmó.
