El Gobierno presentó esta mañana ante la Justicia Federal una denuncia penal por la existencia de un entramado societario para avanzar en la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La presentación solicita que se investigue si, además de la violación al régimen hidrocarburífero, hubo asociación ilícita y lavado de activos.

La denuncia fue firmada por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. El escrito de 19 páginas apunta contra cinco empresas: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según el planteo judicial, las compañías habrían intervenido con distintos grados de participación en la planificación, organización, financiamiento, contratación y desarrollo de actividades orientadas a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, un área sobre la que Argentina reclama y preserva derechos soberanos.

La hipótesis oficial sostiene que las empresas no solo cuentan con licencias concedidas por autoridades británicas que Argentina no reconoce, sino que habrían dado pasos concretos para convertir esas autorizaciones en una operación extractiva.

Uno de los ejes centrales de la acusación es la reconstrucción de los pasos que llevaron al proyecto Sea Lion desde una etapa de planificación a una instancia de ejecución. El Estado citó información societaria, técnica y corporativa difundida públicamente por las propias compañías involucradas.

La denuncia menciona como hito clave la decisión final de inversión adoptada para Sea Lion Northern Development, que implicó la obtención de mecanismos de financiamiento, la contratación de infraestructura crítica, la celebración de contratos de ejecución y la previsión de iniciar la producción comercial de hidrocarburos en 2028. El escrito agrega que la documentación técnica describe un desarrollo de explotación comercial offshore cuya primera etapa contempla la perforación de once pozos.

La principal figura penal invocada es la prevista en el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de cinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación especial, para quien realice sin autorización actividades hidrocarburíferas en áreas alcanzadas por la norma.

La presentación remarca que la actuación de una persona jurídica no excluye la responsabilidad penal de las personas humanas y reclama identificar a quienes hubieran adoptado decisiones de planificación, autorización, financiación, dirección, ejecución o supervisión del proyecto.

La denuncia también recuerda que Navitas Petroleum LP ya registra antecedentes administrativos en Argentina y que en 2022 fue declarada ilegal su actividad, con una inhabilitación para operar en el país por 20 años.

Por último, el Gobierno requirió medidas de cooperación internacional para obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa de las personas humanas y jurídicas involucradas. También pidió que, si el avance del expediente lo justifica, se dispongan embargos, inhibiciones, secuestros y otras cautelares para asegurar multas, reparación de daños y un eventual decomiso de bienes o equipos vinculados con los hechos denunciados.