El intendente de Río Grande, Martín Pérez, celebró públicamente la resolución del Juez Federal Mariel Borruto que declaró la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande y la jurisdicción argentina para intervenir en la demanda colectiva promovida contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) por sus actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
A través de sus redes sociales, Pérez vinculó directamente la decisión judicial con la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur. "Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes", expresó el intendente.
El pronunciamiento se conoció el miércoles en el marco del expediente FCR 13706/2026, iniciado el 1 de septiembre pasado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
La valoración realizada por Pérez adquiere particular relevancia porque uno de los fundamentos centrales de la resolución de Borruto es precisamente la dimensión soberana del litigio. Al declararse competente, el Juez Federal sostuvo que la controversia no se limita a una cuestión hidrocarburífera o ambiental, sino que involucra un interés federal directamente relacionado con la soberanía argentina.
En uno de los pasajes centrales del pronunciamiento, Borruto señaló que en la causa "subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia".
La resolución también fundamentó la intervención de la Justicia Federal en el carácter interjurisdiccional de la eventual afectación ambiental y en la jurisdicción marítima sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental. La demanda cuestiona las actividades vinculadas con el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte, incluyendo pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
Pérez acompañó su respaldo al fallo con una definición política que volvió a poner el eje en la manera de abordar la cuestión Malvinas. "Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana", manifestó. Y cerró su publicación con una frase breve: "Este es el camino".
Otro de los aspectos relevantes del fallo es la decisión de dar participación formal a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A pedido del Ministerio Público Fiscal, Borruto dio intervención a la Fiscalía de Estado provincial por un plazo de diez días, en función de los intereses patrimoniales, ambientales y vinculados con los recursos naturales que se encuentran comprometidos.
La resolución tuvo en consideración que las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio provincial conforme a la legislación argentina.
El avance judicial celebrado por Pérez constituye un paso relevante para los impulsores de la demanda, aunque todavía no existe una decisión sobre el fondo de la causa. Tampoco fueron resueltas hasta el momento las medidas cautelares solicitadas contra Rockhopper y Navitas, entre ellas las destinadas a detener las actividades cuestionadas mientras avance el proceso.
Borruto difirió su tratamiento hasta que los demandantes cumplan, dentro de un plazo de cinco días, una serie de requisitos procesales relacionados con documentación incorporada al expediente.
