La Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPYN) avanzó con la contratación del recambio de defensas en el Puerto de Ushuaia, una de las principales obras proyectadas para la terminal fueguina. La intervención consiste en el retiro de las defensas existentes y la provisión, instalación y calibración de 75 nuevos equipos en el muelle comercial.

La empresa seleccionada fue Concret Nor S.A., con una propuesta de USD 2.573.156,25 y $1.342.350.194,42. El monto se ubica un 18,08% por encima del presupuesto oficial establecido para la licitación, que había fijado un valor de USD 2.302.500 y $959.049.615. La diferencia es particularmente significativa en el componente en pesos, donde la oferta supera en más de $383 millones la estimación inicial.

Del proceso licitatorio participaron cinco empresas. La Comisión de Preadjudicación determinó que la propuesta de Concret Nor era la única válida y conveniente, descartando las otras cuatro ofertas. La ANPYN no informó públicamente cuáles fueron las empresas desestimadas, qué observaciones recibieron sus propuestas ni los criterios técnicos o administrativos aplicados para excluirlas. Tampoco mencionó en su comunicado que la oferta seleccionada superaba el presupuesto oficial.

Existe además una discrepancia en la información difundida por los organismos nacionales. Mientras la ANPYN anunció el 29 de julio que había completado el proceso licitatorio y adjudicado la obra, en el registro público de la Administración General de Puertos el expediente aparece como "preadjudicada", con únicamente el dictamen de preadjudicación publicado. La diferencia es relevante: la preadjudicación es una recomendación de la comisión evaluadora, mientras que la adjudicación requiere el acto administrativo definitivo que formaliza la contratación.

La ANPYN sostiene que los trabajos serán financiados con recursos generados por la propia operatoria del Puerto de Ushuaia. El organismo atribuye la disponibilidad de fondos a la reducción de la planta de trabajadores y la reorganización operativa, asegurando que la terminal funciona actualmente con el 20% del personal utilizado por la administración anterior.

No obstante, permanecen sin conocerse datos como la recaudación total desde el inicio de la intervención federal, los gastos realizados, el destino de los fondos y los criterios utilizados para seleccionar las inversiones. El plazo de ejecución establecido para la obra es de 270 días corridos.