La defensa de Cristina Kirchner presentó una "Comunicación Individual" ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, luego de que la condena por la causa Vialidad quedara firme en junio de 2025 tras el fallo de la Corte Suprema. La presentación busca que el organismo evalúe posibles vulneraciones a garantías procesales durante el proceso judicial.

El Comité no puede anular la sentencia ni ordenar la libertad de la exvicepresidenta. Su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los aspectos que puede analizar figuran la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

El trámite prevé que el organismo reciba los argumentos de la defensa y solicite luego la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, emitirá una opinión. Cualquier resolución definitiva demandará varios años de análisis y tratamiento.

El Comité está integrado por 18 expertos independientes que emiten observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio. Sus pronunciamientos son "observaciones" o "dictámenes", no sentencias judiciales de cumplimiento directo, aunque pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

La estrategia defensiva se apoya en el antecedente de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2022, el Comité dictaminó que la causa Lava Jato había vulnerado los derechos políticos del expresidente brasileño y las garantías de un juicio imparcial. Los abogados de Kirchner intentan replicar ese precedente con el apoyo de juristas internacionales vinculados a aquel caso.

Sin embargo, la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el Comité sino por el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional. El pronunciamiento de la ONU operó como un respaldo político y jurídico internacional, pero no anuló directamente las sentencias.

La presentación ante la ONU obliga a la defensa a desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya que las normas del derecho internacional impiden litigar simultáneamente el mismo caso en múltiples foros multilaterales. El sistema interamericano cuenta con la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.