El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para crear una Subcomisión Especial Investigadora en la Cámara baja. La iniciativa busca esclarecer denuncias por presuntas irregularidades en la auditoría, control y facturación de prestaciones médicas financiadas por el PAMI en Tierra del Fuego.
La iniciativa fue registrada bajo el expediente Nº 3463-D-2026 y cuenta con el acompañamiento de más de una docena de legisladores opositores. El proyecto apunta a la gestión local del organismo, que conduce Alberto Belmar, tío del diputado nacional libertario Santiago Pauli.
El caso adquirió repercusión a partir de sucesivas denuncias que señalan una crisis prestacional sistemática iniciada a comienzos de 2025. Los denunciantes cuestionan la designación de Belmar al frente del PAMI provincial, atribuida a la influencia política de su sobrino. Belmar tiene 60 años, es referente evangélico en la zona y carecía de antecedentes vinculados a la administración de la salud pública. En 2020 vendía pizzas caseras por redes sociales.
Las actuaciones administrativas solicitan auditar la trazabilidad de prestaciones médicas cobradas al organismo que no se habrían realizado de manera efectiva. Además, la situación derivó en la renuncia del médico prestador Dr. Camacho en la ciudad de Río Grande, quien formalizó una presentación ante la Justicia Federal tras advertir anomalías en el circuito de atención.
Al fundamentar la iniciativa, Araujo sostuvo que el Congreso tiene la obligación constitucional de intervenir cuando la administración de fondos públicos destinados a la salud de sectores vulnerables se encuentra bajo sospecha. "Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación de actuar", remarcó el diputado fueguino.
De aprobarse la conformación de la subcomisión, el cuerpo parlamentario quedará facultado para solicitar expedientes técnicos, requerir auditorías contables e invitar a declarar a funcionarios, exfuncionarios y auditores del organismo con el fin de determinar las responsabilidades administrativas y operativas del caso.
