La Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ratificó la continuidad de su plan de lucha ante la ausencia de ofertas concretas que permitan destrabar el conflicto salarial con el Poder Judicial provincial. La medida incluye ceses de actividades y una movilización prevista para el 26 de agosto frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia.
El secretario adjunto de la UEJN, Matías Taborda, explicó que tras un paro de 36 horas ejecutado la semana pasada —que abarcó jueves y viernes— el gremio esperaba algún acercamiento. "A la fecha no ha habido ninguna propuesta concreta", señaló. Por esa razón, se decidió implementar esta semana un cese de actividades a partir del mediodía en todos los edificios de la provincia.
Taborda diferenció los canales de diálogo existentes: si bien se mantiene contacto con las secretarías de superintendencia y la presidencia del tribunal, el gremio reclama reuniones con los cinco ministros del máximo tribunal. "Consideramos y estamos solicitando reuniones con los cinco ministros, dado que estipulamos que los cinco tienen que estar involucrados en la lucha por la independencia y el salario de los trabajadores judiciales", puntualizó. Sin embargo, hasta el momento esa convocatoria no se concretó.
Respecto al deterioro económico, el dirigente analizó que el gremio arrastra una pérdida de poder adquisitivo desde 2024 y que en lo que va del año acumula un retroceso del 5% en términos reales. "La pérdida es sostenida del salario, como le está pasando a la mayoría de los trabajadores, y bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados", aseveró.
Taborda graficó las consecuencias cotidianas del desfasaje salarial en las dependencias judiciales. Según describió, hay compañeros que madrugán para preparar productos que venden entre colegas, otros buscan retirarse a las 14 puntuales para realizar trabajos como Uber o changas, en un contexto donde algunos juzgados requieren trabajo fuera de horario sin compensación con horas extras. "Se está haciendo muy difícil llegar a fin de mes", expuso.
El dirigente remarcó que el problema no afecta únicamente a las categorías más bajas de la estructura judicial. "Hoy en día no escapa nadie, te diría hasta los secretarios, que habían tenido un sueldo medianamente bueno. Hoy se les está complicando", manifestó, señalando que la pérdida de poder adquisitivo impacta incluso en posiciones jerárquicas según la conformación familiar y los gastos educativos.
Para levantar las medidas de fuerza, Taborda planteó la necesidad de recomposiciones escalonadas durante el año que contemplen una recuperación real del poder adquisitivo, y no soluciones que abarquen un solo mes. "Queremos que el conflicto termine, pero bueno, la solución al mismo no está en nuestras manos sino en las manos de otros", concluyó.
