El Ministerio de Capital Humano se pronunció sobre el paro nacional docente convocado por CTERA para hoy lunes 3 de agosto y advirtió que las entidades sindicales que incumplan la cobertura mínima exigida serán sancionadas.

A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cartera conducida por Sandra Pettovello recordó que la educación está considerada un servicio esencial según la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El artículo 101 de esa norma establece la obligación de garantizar durante las medidas de fuerza una prestación equivalente, como mínimo, al 75% del servicio habitual. "La norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", indicó el ministerio.

El Gobierno anticipó que el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables, aunque no precisó qué medidas adoptará en caso de que no se alcance el porcentaje establecido.

La huelga convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina coincide con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

CTERA definió la medida de fuerza durante un congreso interno bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación". El gremio cuestionó la negativa del Gobierno a convocar a la Paritaria Nacional Docente y denunció una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.

Entre sus principales reclamos, la organización exige un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. También reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza una eventual reforma del régimen jubilatorio docente y se opone al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.

El paro alcanza a los niveles inicial, primario y secundario de establecimientos públicos y privados. Los gremios anticipan un alto nivel de adhesión, aunque algunas instituciones privadas podrían mantener sus actividades con normalidad.