El gobierno de Javier Milei modificó mediante decreto de necesidad y urgencia la histórica Ley de Migraciones argentina, incorporando nuevas causales de expulsión y prohibición de ingreso para extranjeros. La normativa alcanza a quienes difundan mensajes de odio o realicen actos de ultraje a los símbolos patrios, argumentando combatir una supuesta campaña antiargentina surgida en el Mundial.

El abogado constitucionalista Félix Lonigro explicó que el decreto incorpora como nueva causal de revocación de residencia y posterior expulsión las manifestaciones de odio respecto de la población argentina o de un argentino en particular. Si bien consideró que no es necesariamente cuestionable la existencia de una causal de este tipo, alertó sobre la dificultad para determinar cuándo una expresión puede ser considerada un acto de odio. Además, cuestionó que la decisión quede en manos de la Dirección Nacional de Migraciones y no de la Justicia como antes.

Lonigro ubicó su principal crítica en el mecanismo elegido. Argumentó que se trata de un tema legislativo regular en materia de derechos y libertades que correspondía al Congreso mediante un proyecto de ley. Señaló que la Constitución establece que debe haber circunstancias excepcionales que impidan al Presidente esperar al Congreso, y que no existen en este caso. Por esa razón, concluyó que el DNU es claramente inconstitucional desde el punto de vista del instrumento utilizado.

El diputado nacional y ex jefe de Gabinete Agustín Rossi denunció una enorme discrecionalidad a la hora de interpretar la letra de la ley. Cuestionó la ausencia de precisiones respecto de los criterios que se utilizarán para definir con claridad un discurso de odio. La modificación impacta sobre la Ley de Migraciones N° 25.871, una norma que según Rossi fue construida hace muchísimos años por la democracia argentina y cuyo cambio requeriría un debate profundo en el Congreso que el Ejecutivo decidió evitar.

La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic señaló que hay una dificultad enorme de aplicación y una arbitrariedad enorme que abre este decreto. Planteó que la norma no establece con claridad quién determinará qué constituye un mensaje de odio y qué corresponde a una expresión de disenso político, ideológico o ciudadano. Frederic vinculó la medida con la estrategia política del Gobierno y afirmó que el Ejecutivo está promoviendo una ley que va contra la soberanía nacional y, para que eso no sea visto como una amenaza a la integridad territorial, pone el foco en personas migrantes, en referencia a los cambios en la Ley de Tierras que se discuten en el ámbito parlamentario.

El diputado de la UCR Pablo Juliano calificó la iniciativa de patriotismo de cartón, señalando la contradicción de defender símbolos patrios por decreto mientras se remata la soberanía territorial. La diputada Florencia Carignano, ex directora de Migraciones, advirtió que de aplicarse criterios similares en el exterior, el propio Milei tendría prohibido el ingreso a países como Brasil, España, México o el Vaticano debido a su historial de declaraciones agresivas. Desde el Movimiento Evita, Jonathan Thea sostuvo que Milei arma un tema para incendiar las redes y esconder el verdadero debate, mientras el Gobierno buscaría avanzar en una ley que permitiría que cualquier extranjero pueda comprar tierras en zonas de frontera o donde hay recursos estratégicos.