La arquitecta María Teresa Fernández cuestionó la subasta de la parcela H-03 en Bahía Golondrina, de nueve hectáreas, al considerar que la decisión se produce en un contexto de venta de activos públicos y extranjerización de la tierra.

Según Fernández, el debate central no es la venta del inmueble sino el cumplimiento de la Ley Nacional 23.775, norma que creó la Provincia de Tierra del Fuego. La profesional explicó que esa ley dispuso la incorporación de las tierras nacionales al patrimonio provincial, con solo dos excepciones: que estuvieran afectadas a un uso o servicio público nacional o reservadas por una ley del Congreso.

La arquitecta planteó dos interrogantes sobre la legalidad de la subasta: si la parcela prestaba un servicio público nacional y si fue reservada por una ley del Congreso dentro del plazo de tres años previsto por la norma. Además, mencionó que el Convenio 1311 suscripto por la Armada Argentina contempla la transferencia de ese terreno a la Provincia.

Fernández expresó preocupación por la falta de debate en la dirigencia fueguina sobre este tema. Afirmó que predominó el silencio y que el eje se desvió hacia cuestiones como responsabilizar a la Provincia o al Municipio, o sostener que las tierras pertenecen a la Armada o a la Nación.

La profesional sostuvo que la ley no fijó plazos para que la Provincia reclamara esas tierras, sino que dispuso que todos los bienes inmuebles de la Nación ubicados dentro de sus límites territoriales pasarán a su dominio. Los únicos plazos, según su interpretación, fueron para el Estado nacional: tres años para reservar por ley del Congreso los inmuebles que no debían transferirse.

Como antecedente, Fernández mencionó que durante el desarrollo del proyecto Pueblo Andino, impulsado por el Instituto Andes sobre 2.000 hectáreas fuera del ejido urbano de Ushuaia, advirtieron la misma inconsistencia dominial. En ese momento impulsaron ante la Legislatura un proyecto para declarar de uso estratégico esas tierras, pero la iniciativa nunca fue tratada y terminó archivada.

La arquitecta advirtió que si la subasta se concreta sin cumplir previamente la ley, el precedente podría proyectarse sobre miles de hectáreas de la costa del Canal Beagle y otros territorios estratégicos de la Provincia, incluidos diversos archipiélagos.