La reciente visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dejó una sucesión de escenas de subordinación por parte de integrantes del Gobierno y de la dirigencia política y empresaria, según un análisis publicado por El Destape.
Desde 2018 hasta junio de 2026 inclusive, Argentina devolvió más de 36.000 millones de dólares en concepto de capital y cerca de 20.000 millones en intereses al FMI, totalizando aproximadamente 56.000 millones de dólares. La información es pública y puede consultarse en las estadísticas oficiales del organismo, donde figura expresada en Derechos Especiales de Giro (DEG).
Este proceso de endeudamiento se inició durante la gestión macrista. Entre 2015 y 2018, durante sus dos primeros años de gobierno, el macrismo tomó deuda por alrededor de 100.000 millones de dólares. Cuando en 2018 los mercados advirtieron que ese ritmo era insostenible y dejó de ser posible refinanciar los vencimientos, el Gobierno recurrió al FMI y obtuvo un préstamo por 44.000 millones de dólares.
El gobierno de Alberto Fernández llevó adelante una refinanciación que se concretó en 2022, operación que no implicó nuevos desembolsos sino únicamente una reprogramación de vencimientos con un período de gracia. En cambio, bajo la actual administración, en 2025 se aprobó un nuevo programa que sí incluyó desembolsos adicionales por otros 20.000 millones de dólares.
Pese a haber pagado 56.000 millones de dólares, la deuda vigente con el organismo asciende hoy a 42.552 millones de DEG, equivalentes a alrededor de 58.000 millones de dólares. Argentina recibió 64.000 millones, pagó 56.000 millones y todavía debe 58.000 millones.
Según trascendió en la prensa, durante una cena con empresarios Georgieva habría afirmado: "Estoy convencida de que, en un futuro cercano, en lugar de pedirle plata la Argentina al Fondo, será el Fondo quien le pida una contribución a la Argentina". El análisis sostiene que hace tiempo que el país paga y deberá seguir haciéndolo.
El retorno al FMI, que Néstor Kirchner había abandonado mediante el pago total de la deuda en 2005, implicó aceptar nuevamente las condicionalidades de política económica del organismo. El análisis señala que tener al FMI dentro del proceso de toma de decisiones implica una pérdida de grados de libertad para la política económica, cuya superación dependería de cancelar la deuda.
