La paritaria del servicio doméstico estableció un esquema de aumentos escalonados para el período agosto-diciembre con porcentajes del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% para noviembre y diciembre. La referente provincial de la Unión de Empleadas Domésticas, Dora Sánchez, manifestó la disconformidad del sector con los montos fijados por la autoridad laboral en la reunión celebrada en la sede del Ministerio de Capital Humano.
Además de los incrementos porcentuales, se establecieron bonos complementarios que varían según la carga horaria semanal. En agosto se fijó un bono de 20.000 pesos para jornadas superiores a 16 horas semanales, de 11.500 pesos para esquemas de 12 a 16 horas, y de 8.000 pesos para jornadas inferiores a 12 horas. Estos montos se irán integrando como suma no remunerativa a los haberes durante los meses siguientes.
Sánchez ironizó sobre la suficiencia de los valores aprobados y expresó que el aumento "no alcanza ni para un kilo de papas", al tiempo que aseguró que los montos están "lejos de cubrir las necesidades que tiene el sector". La dirigente detalló que la hora de trabajo no llegaría a 5.000 pesos para tareas generales y 5.300 pesos para cuidado de niños.
Ante la insuficiencia de los básicos oficiales, la referente gremial recordó que las pautas publicadas representan exclusivamente los valores mínimos de la escala formal y destacó la vigencia de la cláusula de sueldo dinámico acordada en paritarias anteriores. Según explicó, esta herramienta permite que las trabajadoras puedan "acordar con los empleadores" incrementos superiores a los mínimos establecidos.
Sánchez precisó que existe diferente margen de negociación según la modalidad de contratación, señalando que "no es lo mismo las que trabajan 16 horas semanales a las que van por ratos". Indicó que quienes trabajan por horas suelen tener mayor capacidad de pactar valores superiores, mientras que las contratadas a jornada completa de ocho horas diarias enfrentan una situación más complicada.
La dirigente aclaró que la pauta aprobada fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano y no la propuesta elevada por los gremios en la mesa de discusión. Explicó que ante esa resolución administrativa la disyuntiva era aceptar eso o no recibir nada. También advirtió que la voluntad de pago de las familias empleadoras cuando se solicita una recomposición voluntaria es muy escasa, y calificó la situación salarial como una forma de violencia económica.
Sánchez hizo un llamado a la responsabilidad de las familias contratantes y reclamó que los empleadores dejen de excusarse en la liquidación de haberes. Manifestó que "no puede una compañera estar trabajando ocho horas de lunes a viernes, 48 horas semanales por 600.000 pesos". Ante el argumento de empleadores que alegan no contar con capacidad económica para reajustes, señaló que quien no pueda remunerar correctamente debería prescindir del servicio.
