Sabrina Rolando, madre de tres niñas, encabezó hoy una autoconvocatoria de padres, abuelos y familiares en las puertas del Juzgado de Familia y Minoridad N.° 2 de Río Grande. El grupo reclama por la posibilidad de volver a tener contacto con menores que no están a su cargo y denuncian irregularidades en la gestión de la jueza Marina Paola Montero.

"La jueza se encarga de colocarnos bozales legales a los padres para que no hablemos del expediente, para que no hablemos de nuestros hijos, para que no hablemos de cómo se están vulnerando los derechos tanto de los niños como de nosotros", afirmó Rolando. Según su testimonio, el juzgado presenta falencias y nadie vela por los derechos de los niños involucrados.

Los manifestantes señalan que, en sus casos, se cortó de raíz el lazo con los menores sin una investigación previa exhaustiva. "Lo primero que hace la jueza, y que va en contra de la ley 521 y la ley nacional 26.061, es cortar el lazo. Ese que el Estado debe darte herramientas para uno mejorar, porque uno no nace sabiendo ser padre, hace lo que puede con lo que tiene", explicó Rolando.

La madre detalló que en varios expedientes surgieron denuncias que derivaron en medidas de alejamiento sin investigación profunda. "En cada informe va cambiando: un día en un informe sos un violento, un alcohólico, sos un drogadicto, lo cual nos ha pasado a todos", sostuvo. Agregó que esto parecería ser "una estrategia de los abogados de las otras partes" para obtener perímetrales.

En el caso de Rolando, surgieron varias denuncias que, según afirma, ya fueron desmentidas con pruebas. "Yo ya demostré todo, absolutamente todo. Hasta tuve que relevar a mi psicóloga del secreto profesional, tuve que presentar mi historia clínica", explicó. También aportó informes escolares, de jardín y libretas de salud que, según indica, demuestran que sus hijas son niñas sanas que no han sido violentadas.

Pese a la presentación de estas pruebas, la magistrada habría indicado que "como ya inició este proceso, ahora hay que seguirlo". Rolando no ve a sus tres hijas desde febrero, cuando, según relata, la jueza Montero autorizó al personal policial de la Comisaría Primera "a que usaran la fuerza bruta para que me las arrancaran de los brazos".

La mujer describió el impacto emocional en sus hijas: "Yo tuve que darle explicaciones a una nena de cinco años y a una nena de siete de decirle que yo no las abandoné, que yo no estoy trabajando en otro país, como les dijeron, y que no es que su mamá se fue con otra familia". Subrayó que ese daño psicológico "no se repara".

Rolando denunció además que se le impide el acceso al edificio del juzgado. Relató que durante siete días hábiles estuvo manifestándose en la puerta, desde las 8 de la mañana hasta las 14:30, hasta que un policía le informó verbalmente que no podía ingresar. "Nunca se lo quisieron dar" a su defensor, el documento que respalde esa prohibición, aseguró.

La manifestante hizo referencia al caso del niño Lucio como disparador de medidas más rigurosas en materia de protección de menores, pero advirtió: "No todos somos las madres de Lucio. No todos somos el padre de Ángel. Entonces, no por un caso, se supone que deberían directamente de separar a los niños de sus padres".

"No voy a dejar de pelear", concluyó Rolando, quien aseguró que seguirá visibilizando la situación pese a las multas recibidas por violar los bozales legales. Junto a ella se manifestaron otros padres en situaciones similares, todos vinculados a expedientes del Juzgado de Familia y Minoridad N.° 2.