Un proyecto presentado la semana pasada extiende el beneficio de 55 años de edad y 25 de servicios a todo el Escalafón Húmedo que trabaje en establecimientos asistenciales, incluidos administrativos. La iniciativa no prevé nuevos aportes y se presenta mientras sigue vigente la emergencia previsional, cuya última prórroga fue acompañada por unanimidad por la propia Legislatura.

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n proyecto presentado por el legislador Damián Löffler, del bloque Movimiento Popular Fueguino (MPF), propone ampliar el régimen jubilatorio diferencial que actualmente beneficia a determinados profesionales y trabajadores de la salud. La iniciativa mantiene los 55 años de edad y 25 años de servicios para acceder a la jubilación, pero extiende considerablemente el universo de potenciales beneficiarios y agrega un reconocimiento especial por las tareas desarrolladas durante la pandemia.

La propuesta sustituye el artículo 35 ter de la Ley Provincial 561. La actual redacción alcanza a profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de enfermería que realizan atención directa de pacientes en hospitales y centros de atención primaria, además del personal del Área Médico Forense.

El proyecto cambia ese criterio y comprende a todo el personal del denominado Escalafón Húmedo que preste servicios efectivos en hospitales, centros de atención primaria de la salud (CAPS), centros de salud y demás establecimientos públicos asistenciales de la Provincia, municipios o comunas. Incluye expresamente al personal administrativo perteneciente al escalafón que trabaje en esos lugares y excluye a quienes desempeñen funciones exclusivamente en oficinas centrales u otras dependencias administrativas.

Para acceder al beneficio deberán cumplirse tres condiciones: tener 55 años, acreditar 25 años de servicios computables y contar con un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social provincial.

Un año de pandemia computará como dos

La otra modificación relevante beneficia a quienes durante 2020 realizaron atención directa al público o actividades vinculadas al funcionamiento de establecimientos sanitarios afectados a la pandemia de COVID-19. Por ese período, cada año efectivamente trabajado será computado como dos para completar los 25 años de servicios.

Ese reconocimiento no servirá para acreditar los 20 años mínimos de aportes efectivos a la Caja ni implicará duplicar aportes personales o contribuciones patronales. Además, la incorporación al régimen no generará diferencias retroactivas ni aportes extraordinarios. El proyecto tampoco incluye una estimación actuarial sobre la cantidad de nuevos beneficiarios ni sobre su impacto financiero.

Una emergencia prorrogada por unanimidad

La iniciativa aparece mientras el sistema previsional continúa formalmente en emergencia. En diciembre de 2025 la Legislatura volvió a prorrogar por dos años, desde el 1° de enero de 2026, las principales medidas de sustentabilidad vigentes desde 2020.

La prórroga fue aprobada por unanimidad de los 14 legisladores presentes. Entre quienes votaron afirmativamente estuvo el propio Löffler y su par de bancada Pablo Villegas, Laura Colazo (Partido Verde), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Tomás García y Juan Carlos Pino (PJ), Natalia Graciania, y Luciano Selzer (LLA) Federico Greve, Myriam Martínez y Federico Sciurano (FORJA), Matías Lapadula (Provincia Grande), Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguinos). Al momento de la votación se ausentó del recinto Victoria Vuoto (PJ).

La legislación de emergencia sostiene que esas herramientas buscan reducir progresivamente el déficit financiero y evitar que se comprometa la sustentabilidad de la Caja.

En ese marco continúa el Fondo de Sustentabilidad, destinado a cubrir déficits. Se integra, entre otros recursos, con aportes adicionales del 15% sobre determinados ingresos de activos y pasivos de mayores ingresos, aportes compensatorios de jubilados y fondos provenientes de convenios de pago. Durante la emergencia también rige un aporte extraordinario del 5% para funcionarios políticos y otros cargos alcanzados.

A ese esquema se suma el FOFISP, un fondo creado en 2016 que se financia con una alícuota adicional de Ingresos Brutos, actualmente del 4% para las actividades alcanzadas, y cuyos recursos tienen afectación específica al sistema previsional. Durante los primeros siete meses de este año recaudó más de $12 mil millones y, desde su creación, acumula en valores constantes más de $100 mil millones destinados al financiamiento del sistema previsional.

A diferencia de las herramientas sujetas a la emergencia, el FOFISP no tiene actualmente una fecha prevista de vencimiento.

La discusión legislativa se abrirá así sobre una ampliación de derechos previsionales mientras siguen vigentes mecanismos extraordinarios destinados a afrontar el desequilibrio financiero del sistema. El proyecto fundamenta el cambio en las condiciones particulares del trabajo sanitario y en el reconocimiento a quienes prestaron servicios durante la pandemia, pero deja pendiente un dato relevante para dimensionar la propuesta: cuántos nuevos beneficiarios incorporaría y qué costo tendría para la Caja.