Un adolescente de 15 años se convirtió en el primer menor de edad en Mendoza en quedar bajo prisión preventiva desde la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida fue dispuesta por la jueza Eleonora Roxana Monti, del Tercer Juzgado Penal Juvenil, por el plazo de un mes, mientras avanza la investigación por una causa de robo agravado.
El joven fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, conocida como ex Cose, y permanece alojado en un sector especialmente destinado para adolescentes que atraviesan situaciones de privación de la libertad. Como actualmente es el único menor bajo prisión preventiva en ese espacio, duerme solo, aunque se integrará a los talleres y actividades que realizan los aproximadamente 40 jóvenes alojados en el establecimiento.
El adolescente está acusado de haber participado en el robo de al menos un vehículo, que posteriormente habría sido abandonado en la vía pública. El hecho investigado ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Sin embargo, el adolescente no se presentó ante las citaciones judiciales y, ante esa situación, se libró una orden de captura. La investigación está a cargo de la fiscal de Menores Liliana Curri.
La Justicia también tuvo en cuenta que, luego de recuperar su libertad, el adolescente había quedado sujeto a determinadas reglas de conducta cuyo cumplimiento debía ser acompañado por su madre, compromiso que finalmente no se concretó. A esto se sumó un contexto familiar considerado complejo y una situación de vulnerabilidad vinculada al consumo y acceso a drogas.
Según la información difundida, tampoco existía una red familiar alternativa que pudiera garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas. En ese escenario, la jueza consideró que existían elementos suficientes para disponer la prisión preventiva durante la investigación.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La decisión se produce en el marco de la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que establece un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años y contempla procedimientos y medidas diferenciadas respecto de los adultos. La normativa establece que las restricciones de libertad deben ser excepcionales, proporcionales y estar fundamentadas en riesgos procesales concretos, como el peligro de fuga o la posibilidad de obstaculizar la investigación.
También dispone que, cuando resulte indispensable el encierro, los adolescentes deben permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y bajo la atención de personal especializado. El nuevo esquema prioriza medidas alternativas a la privación de libertad, entre ellas tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de contacto o circulación y obligaciones vinculadas con la educación o la salud. La prisión preventiva queda reservada para situaciones en las que las medidas menos restrictivas resulten insuficientes.
Los primeros casos en Mendoza
Este caso se suma a los primeros adolescentes que quedaron bajo medidas judiciales desde la implementación del nuevo régimen. Según un relevamiento citado, durante los primeros 40 días de aplicación de la normativa nacional, once adolescentes de 14 y 15 años habían quedado alcanzados por medidas judiciales en Mendoza. Hasta ese momento, todos habían recibido medidas alternativas al encierro y dos de los casos habían sido derivados por la Justicia Federal en investigaciones vinculadas con drogas.
La nueva estructura penal juvenil busca combinar la responsabilidad frente a los delitos investigados con mecanismos de educación, seguimiento y reinserción social, dejando la privación de libertad como una medida excepcional. En el caso del adolescente de 15 años, la prisión preventiva fue fijada inicialmente por un mes y deberá continuar bajo seguimiento judicial mientras avanza la investigación.





