El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego promulgó finalmente la Ley Provincial N° 1639/2026, que establece un nuevo Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial, que habilita la creación de un fondo específico, nuevas fuentes de recursos, metas progresivas de inversión y mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia, aumentando alícuotas a tal fin.

La promulgación quedó formalizada a través del Decreto N° 2031/26 fechado ayer 19 de noviembre, luego de que la Legislatura sancionara la norma en sesión ordinaria del 17 de noviembre. El decreto de promulgación se publicó este viernes 20 de noviembre en el Boletín, por lo que ya es oficial y lleva la firma de la presidenta de la Legislatura Mónica Urquiza, también en ejercicio del Poder Ejecutivo.

La ley establece que el régimen deberá ser observado obligatoriamente durante la formulación y el tratamiento del Presupuesto General de la Provincia, y plantea como principios rectores "la reducción de desigualdades", "el acceso a infraestructura educativa", "la incorporación de tecnología", "la evaluación de resultados" y "la sostenibilidad fiscal".

Meta de inversión: 7,8% del PBG Fija un sendero progresivo para que la inversión educativa consolidada alcance el 7,80% del Producto Bruto Geográfico provincial en un plazo de cinco ejercicios fiscales, a saber:

Primer año: 4,50%.

Segundo año: 4,95%.

Tercer año: 5,70%.

Cuarto año: 6,60%.

Quinto año: 7,80%.

La ley contempla que, excepcionalmente, el cumplimiento de alguno de estos escalones pueda diferirse si se verifica una caída real del PBG, de la recaudación provincial o de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.

En esos casos, el Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura, dentro de los 30 días, un informe técnico que fundamente la situación, determine su impacto fiscal y establezca la reprogramación de las metas.

Creación de fondos y nuevas fuentes de financiamiento (con más impuestos) La norma crea el Fondo Provincial de Infraestructuras, integrado por cargarle una alícuota adicional del 3,4% sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente al servicio de Camuzzi Gas del Sur.

De esos recursos, el 40% estará destinado al mantenimiento, servicios vinculados con infraestructura, mejoras, accesibilidad y nuevas obras educativas, mientras que el 60% se asignará a obras de redes de distribución de gas natural y conexiones domiciliarias.

También establece que, si el organismo regulador nacional autoriza el traslado de ese fondo a la tarifa del usuario, dejará de recaudarse inmediatamente.

En paralelo, crea una alícuota adicional del 3% sobre los Ingresos Brutos aplicable a todas las actividades gravadas correspondientes al BTF, sin la exención prevista en el Código Fiscal. La ley establece expresamente que el banco no podrá trasladar ese costo adicional a sus clientes mediante aumentos en los servicios o costos financieros.

Crea el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente, complementario y específico, cuyos recursos deberán depositarse en una cuenta especial y diferenciada, administrada por el Ministerio de Educación con intervención de Economía y la AREF.

Para las fuentes previstas figuran:

Los recursos provenientes de las nuevas alícuotas establecidas.

Fondos provenientes del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales destinados al sistema educativo, que conservarán su afectación específica.

Hasta el 10% de recursos generados por incrementos de alícuotas o afectaciones específicas vinculadas a actividades económicas estratégicas.

Hasta el 40% de recursos derivados de modificaciones en las alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario Rural.

Hasta el 10% del remanente distribuible de utilidades de empresas estatales provinciales.

Recursos vinculados a la explotación de Hidrógeno Verde.

Recursos derivados del desarrollo de la Economía del Conocimiento.

Ingresos Brutos correspondientes a las actividades de Terra Ignis Energía S.A., netos de coparticipación y con afectación específica.

Cómo se distribuirán los recursos El artículo 10 establece la distribución (orientativa) que tendrá este Fondo de Financiamiento Educativo:

40% para el fortalecimiento del salario docente.

40% para mantenimiento, infraestructura, mejoras, accesibilidad y nuevas obras educativas.

20% para equipamiento tecnológico, recursos pedagógicos y herramientas didácticas destinadas a estudiantes y docentes.

La norma aclara que el Poder Ejecutivo podrá modificar esos porcentajes y que la distribución deberá respetar las restricciones legales de cada fuente de financiamiento. Dispone que los saldos no ejecutados conservarán su afectación educativa para el ejercicio siguiente. Salarios, planificación docente y control En materia salarial, la ley establece que los recursos destinados al fortalecimiento de los haberes deberán orientarse progresivamente a reducir la brecha entre la remuneración del cargo docente testigo -o su equivalente en horas cátedra- y los parámetros de referencia vinculados al salario mínimo, vital y móvil.

El Ejecutivo deberá informar trimestralmente el valor del cargo testigo, el salario de referencia y la brecha porcentual existente.

Por otra parte, el Ministerio de Educación deberá realizar anualmente una planificación de la planta docente en función de la matrícula real y proyectada, las características de cada establecimiento, los niveles y modalidades y las necesidades pedagógicas.

La normativa establece expresamente que la relación entre matrícula, cargos y horas cátedra no podrá utilizarse como criterio automático para reducir cargos u horas, y ordena contemplar particularmente la ruralidad, la discapacidad, la educación especial, los establecimientos de baja matrícula y los equipos interdisciplinarios.

Asimismo, los nuevos recursos deberán tener carácter complementario y adicional y no podrán utilizarse para reemplazar, compensar o absorber partidas presupuestarias ordinarias destinadas al sistema educativo.

Observatorio y obligaciones de información La ley crea el Observatorio de Financiamiento Educativo, integrado por representantes de la Legislatura, los ministerios de Educación y Economía, la AREF y representantes de los trabajadores.

Será un organismo consultivo encargado de monitorear la recaudación, distribución y ejecución de los fondos, elaborar recomendaciones y participar en el seguimiento de las metas de inversión.

También se establece un sistema de indicadores que deberá contemplar, entre otros aspectos, inversión por estudiante, infraestructura, mantenimiento, equipamiento, conectividad, evolución salarial docente, distribución territorial de los recursos, cobertura de cargos y horas y condiciones materiales del sistema educativo.

Los ministerios de Educación y Economía y la AREF deberán publicar y remitir trimestralmente a la Legislatura informes conjuntos sobre recaudación, transferencias al fondo, ejecución por destino, saldos disponibles, evolución salarial y grado de cumplimiento de las metas de inversión.

Plan de "mejora educativa" a cinco años El Ministerio de Educación deberá elaborar, dentro de los 180 días de entrada en vigencia de la ley, una programación de mejora educativa para un período de cinco años, con metas anuales verificables, acciones, responsables, plazos y recursos necesarios.

El plan deberá contemplar fortalecimiento de los aprendizajes, continuidad y egreso de las trayectorias escolares, accesibilidad, formación docente, revisión de propuestas pedagógicas e incorporación de tecnologías.