Una denuncia por presuntos malos tratos y abuso de autoridad contra una funcionaria del Servicio Penitenciario derivó en un procedimiento judicial en el sector de mujeres de la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande y en el posterior traslado de tres internas a la ciudad de Ushuaia. La presentación fue realizada por una interna identificada como Susana Ancalipe, quien señaló a una oficial de apellido Maldonado, responsable del área de mujeres que funciona dentro del establecimiento penitenciario. Según lo denunciado, existirían situaciones de maltrato y decisiones que afectarían la convivencia cotidiana de las personas alojadas en ese sector. A partir de la denuncia, el miércoles por la tarde se llevó adelante una medida judicial en las instalaciones, durante la cual se incautaron libros y distintos registros vinculados con el funcionamiento del área. El procedimiento fue ordenado por la jueza de Instrucción N° 3, Cecilia Cataldo, a requerimiento del fiscal Ariel Pinno, en el marco de las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos denunciados. Sin embargo, luego de esa intervención, se dispuso el traslado de Ancalipe y otras dos internas hacia la ciudad de Ushuaia. La decisión generó cuestionamientos debido a que, según trascendió, desde el ámbito judicial se había solicitado preservar a las denunciantes mientras avanzaba la investigación. Si bien la determinación del lugar de alojamiento de las personas privadas de su libertad corresponde al Servicio Penitenciario, el traslado se habría concretado pese al pedido judicial de resguardo formulado hasta tanto se esclarezca la situación. El episodio suma un nuevo foco de tensión entre el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial, mientras se busca determinar el alcance de las situaciones denunciadas y las circunstancias en las que se resolvió el traslado de las tres internas.