Un ambiente de transversal preocupación y rechazo ha provocado en las autoridades regionales y nacionales la resolución judicial que ordena el traslado del recluso Ronald Quiñones Quintero, al complejo penitenciario de Punta Arenas. El imputado, ciudadano ecuatoriano vinculado a la organización criminal “Sicarios del Gran Concepción”, se encuentra actualmente recluido bajo un régimen de máxima seguridad en la cárcel de Rancagua.

Quiñones permanece en prisión preventiva desde 2025 en el marco de una investigación por homicidios por encargo en el Gran Concepción, enfrentando cargos por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas. La orden de traslado fue solicitada por su defensa y autorizada por la justicia, a pesar de que Gendarmería emitió un informe técnico advirtiendo que el penal de Punta Arenas no posee dependencias de máxima seguridad y apeló infructuosamente a la medida.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó severamente la determinación judicial a través de sus canales oficiales y redes sociales. “Esta decisión de la justicia pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”, aseveró la autoridad.

Arrau agregó que omitir las recomendaciones de los organismos especializados afecta directamente el control interno del sistema carcelario. “Cuando una decisión judicial hace oídos sordos a los informes técnicos de Gendarmería, debilita el orden y la segmentación que necesitamos en las cárceles, favoreciendo que los recintos penitenciarios sigan siendo escuelas del delito”, enfatizó el secretario de Estado.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López, confirmó que las autoridades regionales comparten plenamente la inquietud expresada por el nivel central. La autoridad técnica regional subrayó que Gendarmería hizo presente oportunamente las restricciones de infraestructura del penal magallánico a través de sus conductos regulares.

El seremi enfatizó la necesidad de que las decisiones de traslado otorguen un peso vinculante a los informes de Gendarmería, respaldando las iniciativas legislativas que impulsa el Ministerio de Seguridad sobre la materia. Asimismo, señaló que aunque el personal penitenciario local posee alta capacidad operativa, la unidad penitenciaria no está adecuada al 100% para albergar a reclusos de tan alta peligrosidad sin alterar la seguridad de la comunidad y del recinto.

Desde la dirección regional de Gendarmería, respondieron que no se referirán al caso ni ningún detalle asociado al proceso, tratándose de un tema judicializado.

Cabe agregar que, Ronald Quiñones tiene 28 años, acumula decenas de causas desde 2023 en los tribunales de Temuco, San Pedro de la Paz, Concepción y Rancagua. La actual prisión preventiva que cumple en el penal de Rancagua fue decretada tras su detención y formalización en una causa abierta el 2 de junio de 2025, la cual tiene carácter de reservada. Es en esta causa donde se le imputaron los delitos de alta connotación pública y crimen organizado ventilados hoy por el ministerio de Seguridad.

Alcalde exige
revocar la resolución

Desde el ámbito municipal, el alcalde Claudio Radonich, manifestó su categórico rechazo a la llegada del imputado. El jefe edilicio sostuvo que, si bien el penal local alberga internos extranjeros por delitos de drogas, no cuenta con reclusos del perfil del crimen organizado complejo.

“No bajo ningún punto de vista un criminal de estas características puede estar en nuestra cárcel”, afirmó Radonich. La autoridad comunal anunció el envío de un oficio formal al Ministerio de Justicia para solicitar la revocación inmediata del traslado y pedir una audiencia presencial con el titular de la cartera. “Con Magallanes no, con Punta Arenas no”, remarcó el edil.

Senador Bianchi

Sumándose a los cuestionamientos, el senador por Magallanes, Karim Bianchi, catalogó la resolución de “locura” y exigió una revisión urgente de la medida judicial. A través de una declaración pública, el parlamentario aseveró que la zona no debe convertirse en un receptor de imputados de alto riesgo.

“Fuerte y claro decimos que no vamos a permitir que nuestra región de Magallanes la transformen en el vertedero del crimen organizado. A Magallanes no”, manifestó el legislador. Bianchi advirtió sobre el peligro de exponer a los funcionarios de Gendarmería y a la población local, haciendo un llamado a resguardar los esfuerzos regionales en materia de seguridad, tales como el control biométrico y la propuesta para instalar una escuela de formación de Carabineros en la zona.

Defensa del ecuatoriano se querella por “filtración”

En paralelo a la controversia pública, la defensa de Ronald Quiñones, encabezada por el abogado Raúl Castillo Hernández, interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de Concepción por el delito de revelación de secretos.

Según el escrito presentado por la defensa, la causa cuenta con decretos de reserva judicial dictados para proteger la investigación y resguardar la seguridad del propio imputado, quien además ostenta la calidad de víctima en una de las aristas del proceso por homicidio calificado frustrado, luego de que resultara herido de gravedad por disparos.

La defensa acusa que la filtración de las fechas, rutas aéreas y lugares de llegada expuso la integridad física del recluso y la seguridad del operativo. Asimismo, el libelo desmiente categóricamente informaciones de portales de noticias que atribuyeron a Quiñones pertenencia a la organización “Tren de Aragua” o nacionalidad venezolana, señalando que dichas versiones son falsas y han generado una estigmatización infundada sobre el caso. Ante esto, la representación legal solicitó al tribunal identificar a los funcionarios responsables de la filtración y tomar declaración a las autoridades involucradas.