Magallanes comenzó este jueves la implementación del Circuito de Protección Integral contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes (ESNNA), convirtiéndose en la primera región del país en poner en marcha este nuevo modelo de actuación intersectorial. La iniciativa tendrá como punto de partida más de 40 casos de explotación sexual que ya se encuentran documentados en la región y busca modificar la forma en que las distintas instituciones responden ante este tipo de situaciones.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, encabezó la instalación del circuito que considera la participación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, además de instituciones como tribunales de familia, policías, Servicio de Protección Especializada, Oficinas Locales de la Niñez y los equipos vinculados a salud y educación. La intención es que la respuesta no se desarrolle de manera aislada entre organismos, sino que exista una coordinación en torno a cada caso.

En ese sentido, el subsecretario explicó que el cambio que propone este modelo está precisamente en pasar de la discusión general sobre las políticas públicas a la revisión de cada situación De acuerdo con los antecedentes entregados durante la jornada, son más de 40 los casos documentados en la región que serán considerados en esta primera etapa. Para cada uno de ellos se busca establecer un plan de intervención que permita determinar qué oferta existe, qué atención requiere la víctima, cuáles son los factores de riesgo presentes y qué organismos deben actuar.

La aplicación del circuito comenzó durante esta misma jornada. La implementación contempla además una revisión de la respuesta que hasta ahora se ha entregado en la región. El objetivo será identificar qué elementos han dificultado la atención y cuáles son las brechas que deben ser abordadas para que el circuito pueda funcionar de manera efectiva en el territorio.

Entre esas dificultades mencionó la falta de especialización para abordar determinados casos y la necesidad de ampliar la oferta disponible para situaciones de mayor complejidad. El subsecretario planteó específicamente la necesidad de contar con residencias clínicas especializadas en la región, considerando que la capacidad disponible actualmente no permitiría responder a todas las necesidades.

“Necesitamos residencias clínicas especializadas, propias en la región, que la respuesta que podemos tener del servicio de salud es limitado y por lo tanto tenemos que tener una oferta especializada”.

A ello sumó la necesidad de contar con programas capaces de responder ante derivaciones clínicas complejas y situaciones asociadas al trauma. “Tenemos que entender que hay derivaciones clínicas más complejas, que tenemos que trabajar el trauma complejo, los problemas de trastornos de personalidad que se generan en las víctimas, que tenemos que tener protección a las víctimas”.

Otro de los aspectos que será abordado corresponde a la situación al interior de las residencias. Sánchez planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y control para activar oportunamente a las policías ante situaciones de riesgo.

“Tenemos que fortalecer el blanco interno al interior de las residencias para la detección oportuna, el control de flagrancia, el poder activar a las policías, el poder evitar las salidas no autorizadas que son precisamente la base vectorial de cómo el crimen organizado hoy día está llegando a las residencias”, afirmó.

Reforzar medidas
de protección

El subsecretario vinculó este punto con la necesidad de reforzar las medidas de protección y evitar que las residencias se conviertan en espacios donde puedan operar redes delictivas. “Si nosotros no hacemos eso por el reguardo de las niñas, si no las protegemos de manera reforzada, lo que vamos a estar viendo paulatinamente es que el crimen organizado empieza a tomar control de nuestros espacios de protección y eso no lo vamos a permitir”.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, puso el foco en los antecedentes que registra Magallanes y que llevaron a que la región fuera seleccionada para iniciar este proceso. “De acuerdo a los datos del Ministerio Público, Magallanes presenta la tasa más alta de delitos de explotación sexual, con 165 víctimas por cada 100.000 niños y adolescentes, cifra que como región nos llama a actuar de manera coordinada para lograr con éxito este pilotaje”.

Desde el Gobierno Regional, el gobernador Jorge Flies planteó que el fortalecimiento de la respuesta no debería concentrarse exclusivamente en los casos de mayor complejidad, sino que también debe permitir ampliar el trabajo preventivo.

Flies planteó que esa ampliación de capacidades debe considerar distintos componentes de la red regional. “Si contamos como ese mayor soporte -en hospitales para la atención de casos complejos-, tenemos más familias de acogida y podemos llegar, en el caso del Gobierno Regional, con la OLN, en el ámbito más preventivo, creo que podemos cambiar el derrotero que tenemos hasta el momento”.

El Circuito de Protección Integral contempla cuatro fases secuenciales, que abarcan desde la detección de una posible situación de explotación sexual hasta el término de la intervención. En Magallanes, el proceso incluye la elaboración de un Plan Operativo Regional, con definición de territorios priorizados, metas, indicadores y un cronograma de implementación.

Los registros nacionales muestran un aumento sostenido de las víctimas de explotación sexual durante los últimos años, con un incremento de 73% entre 2022 y 2024. Asimismo, el 90% de las víctimas de los delitos de obtención y facilitación corresponden a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el grupo de edad más afectado se concentra entre los 14 y 17 años.