El oficialismo comenzó a analizar internamente las consecuencias de la derrota legislativa de esta semana, que lo obligó a retirar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la venta de terrenos a extranjeros. La oposición logró imponerse en la disputa pública y varios gobernadores que inicialmente habían dado su apoyo terminaron cediendo ante el costo político que implicaba respaldar la iniciativa.
Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos del Gobierno ya advertían en privado las dificultades para conseguir la mitad de los votos en el Senado. "La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos", reconoció uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada ante Infobae.
Lo que más preocupa al oficialismo no es solo haber perdido un articulado que consideraban clave, sino la forma en que ocurrió: muchos de los gobernadores que optaron por el silencio o que se terminaron oponiendo al capítulo estaban inicialmente a favor del proyecto. Entre los mandatarios que se manifestaron públicamente contra la norma figuran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos aliados circunstanciales del Gobierno en algún momento de la presidencia de Javier Milei.
Desde los despachos políticos del Gobierno afirman que se trató de un caso excepcional, marcado por diferentes errores políticos de varias alas del oficialismo. "Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar", señalaron. Un operador oficialista agregó: "Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador".
La efectividad que el oficialismo tuvo en las sesiones extraordinarias del verano contrasta con las dificultades actuales. En ese entonces se sancionó la Ley de Modernización Laboral con cambios sensibles en ese ámbito. Sin embargo, un operador importante del oficialismo había anticipado semanas después: "Si conseguimos tres o cuatro reformas importantes en el año, yo estoy hecho", reflejando el presentimiento de que el escenario electoral condicionaría a los gobernadores para apoyar reformas complejas.
La principal preocupación en el oficialismo apunta a qué podría ocurrir con la Reforma Política y, particularmente, con la capacidad de suspender las PASO. "Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones", advierten. También consideran que podrían recibir un revés si no modifican que los funcionarios públicos puedan aplicar a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, aunque confían en que proyectos como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central no se verían afectados.
