El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció al Gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar una Reforma Laboral que, según sostienen, provoca un retroceso en la legislación laboral, ataca la jornada de 8 horas, restringe el derecho a huelga y apunta a jornadas más extensas con salarios más bajos.
La audiencia se realizó en Washington durante el 196° Período de Sesiones Ordinarias del organismo internacional. El FreSU solicitó la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). También participaron representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, inició la exposición señalando que el espíritu de la Reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad mediante mayor explotación. Aguiar indicó que la Argentina enfrenta un ataque al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución Nacional.
La Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier, mencionó que el Gobierno produjo una desregulación de precios en tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas, provocando una caída salarial con impacto directo e indirecto sobre las mujeres. Agregó que la Reforma ataca la jornada de 8 horas instalando un banco de horas flexible, lo que genera una pobreza de tiempo que afecta asimétricamente a las mujeres.
Pablo Biró, de APLA, denunció persecución política personal, afirmando que el Estado le inició una campaña mediática, gremial y jurídica utilizando recursos estatales. Mencionó imputaciones penales, persecución a su familia y la necesidad de presentar un habeas corpus preventivo. También señaló denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como La Fraternidad, la UTA y la Asociación de Personal Aeronáutico.
El Secretario Adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, indicó que la derogación del Estatuto del Periodista Profesional forma parte de una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga.
La abogada Mariana Amartino solicitó a la CIDH que emita una comunicación al Estado argentino sobre la incompatibilidad de la Reforma Laboral con los estándares interamericanos, que declare inconvencional la derogación del Estatuto del Periodista, y que la Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales realice una visita a Argentina.
