Carlos Cabral, presidente de la Cámara de Colegios Privados, alertó que las instituciones educativas de gestión privada están atravesando un proceso de matriculación para el año 2027 marcado por dificultades económicas. Muchas familias se están preparando para abonar las matrículas del próximo año escolar, y las instituciones han tenido que adaptarse a la realidad económica ofreciendo diferentes alternativas de pago.
"La cuestión económica que es crítica, por supuesto que impacta en todo y las instituciones de educación privada no están exentas de ello", señaló Cabral. En este contexto, las escuelas están planteando esquemas flexibles, con pagos en dos o tres cuotas, para que las familias puedan acomodar sus cuentas junto con la cuota mensual.
La matrícula del 2026 respecto al 2025 tuvo un leve incremento en algunos niveles en particular. Ahora, en el proceso de inscripción para el 2027, todavía no se sabe cómo se manifestará el movimiento de alumnos. Un factor adicional que está impactando es la baja de la natalidad, que ya se observa en el nivel inicial y comienza a visualizarse en los primeros grados del nivel primario de algunas instituciones, según han mencionado representantes del Ministerio de Educación respecto a la gestión estatal.
Más allá de la situación de matrículas, Cabral denunció un incumplimiento sistemático del gobierno provincial respecto al pago del aporte financiero estatal a las instituciones privadas. "Hay una decisión política del gobierno provincial de incumplir con la ley de educación privada y de esa manera afectan al sector, pues le generan inequidad, desigualdad y lo discriminan", afirmó.
Según explicó el dirigente, hay un ítem de una paritaria salarial de noviembre del 2025 que fue excluido del sector privado mediante una resolución ministerial. Las instituciones no perciben ese aporte estatal para poder dar cumplimiento con el pago de ese ítem, y los docentes quedan en una situación desigual, contraria a lo que establece la ley.
"Tiene sus consecuencias porque va sobre el sueldo de los docentes, pero las instituciones que no son las que decidieron eso son las que tienen que dar respuestas a las consecuencias de los planteos de los docentes y de los reclamos", explicó Cabral.
Durante el transcurso de este año también hay incumplimientos en el pago de aportes correspondientes a diferencias salariales de mayo de 2026, julio de 2026 y la última variación salarial del acuerdo paritario de septiembre de 2026. "Eso es un claro incumplimiento de la ley, porque la expresa claramente que deben pagarlo el mismo día que pagan esos conceptos a los docentes de gestión estatal", remarcó.
El presidente de la Cámara señaló que ya existe un proceso judicial en curso, con amparos que tienen sentencia firme de denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero que también están siendo incumplidas. "Transforman a las instituciones en que tienen que ser unas litigantes en tribunales todo el tiempo, cosa que no tiene que ser así. Las instituciones deben dedicarse para lo que fueron creadas: el desarrollo del servicio educativo", sostuvo.
Respecto a las justificaciones del incumplimiento, Cabral consideró que se trata de "una cuestión dogmática y de decisión política". "A veces nos dicen que no tienen los recursos económicos, pero cuando calcularon e hicieron las simulaciones para llegar a los acuerdos salariales, no pueden obviar lo que es muy fácil de tener presente y la ley de educación privada dice hace 20 años", cuestionó.
El dirigente criticó la contradicción entre el discurso oficial sobre justicia social, educación pública e igualdad, y las acciones concretas del gobierno: "Son los primeros que generan justamente ese efecto sobre un sector como es la educación privada, que es parte del sistema educativo provincial y que representa un 25% de lo que es la matrícula provincial de nivel inicial, primario y secundario".
Según los datos aportados por Cabral, el sector privado provincial atiende alrededor de 11.000 alumnos y en él prestan servicios unos 301 docentes. Consultado sobre si se sienten discriminados, respondió categóricamente: "Absolutamente. Considero que sí es una clara discriminación porque no hay otra forma de calificar".
