La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) formalizó ante el Consejo Federal Pesquero su preocupación por la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) y el eventual uso de puertos nacionales por buques que operan fuera de la jurisdicción argentina. El punto central de la discusión es qué condiciones deberán cumplir los pesqueros extranjeros que trabajan en aguas internacionales, especialmente en la denominada milla 201, si solicitan ingresar a un puerto argentino.
El instrumento internacional busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante controles sobre los buques que pretendan utilizar puertos de los países adheridos. La inquietud del sector es que la aplicación del nuevo marco no termine facilitando servicios portuarios a una flota que opera por fuera de la jurisdicción nacional.
La preocupación está dirigida especialmente a las embarcaciones extranjeras que desarrollan su actividad inmediatamente por fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina. En ese sector del Atlántico Sudoccidental opera una numerosa flota que captura recursos en aguas internacionales y cuya eventual utilización de infraestructura portuaria argentina genera reparos dentro de la industria nacional.
Ante la presentación de CAIPA, Cancillería sostuvo que la puesta en marcha del acuerdo no significa habilitar libremente el ingreso de esas embarcaciones. Los barcos extranjeros que soliciten utilizar puertos argentinos deberán someterse a procedimientos de fiscalización destinados a determinar si existen vínculos con actividades de pesca ilegal.
Los controles incluirán inspecciones a bordo y la revisión de la documentación relacionada con la carga. Las autoridades podrán verificar dónde fueron realizadas las capturas, cuál es su procedencia y si los productos transportados pueden ser asociados con operaciones ilegales. Ese seguimiento permitirá establecer la trazabilidad de la pesca y comprobar en qué zona obtuvo los recursos cada buque y bajo qué condiciones.
La discusión ya había surgido en abril de 2025, cuando Cancillería mantuvo una reunión con las principales cámaras empresarias de la pesca argentina. En aquel momento, el sector había manifestado temor ante la posibilidad de que la ratificación del acuerdo derivara en una mayor apertura de los puertos nacionales a los barcos que trabajan fuera de la Zona Económica Exclusiva. Según Cancillería, las explicaciones brindadas entonces habían sido recibidas favorablemente por las cámaras.
El debate tiene además una dimensión económica para la industria argentina. Los barcos que operan en la milla 201 compiten en mercados internacionales con productos pesqueros que también exporta el país, pero lo hacen bajo estructuras de costos, cargas laborales y condiciones operativas diferentes. La discusión pasa también por determinar bajo qué condiciones una flota que compite con las empresas nacionales podrá utilizar infraestructura del país.





