La venta de casi 38 hectáreas de tierras nacionales ubicadas en Ushuaia quedó bajo cuestionamiento en el Senado -donde se presentaron cuatro proyectos para intentar frenar la operación habilitada por el Decreto 764/2026- firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli.

 

Las iniciativas enviadas por la oposición buscan derogar el decreto, dejar sin efecto cualquier trámite de enajenación y exigir explicaciones al Gobierno Nacional sobre los motivos por los que decidió incluir el predio entre los inmuebles que pueden ser vendidos.

 

El paquete también contempla la citación al Senado de Santilli y a la presidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Tania Yedro, además de un pedido de informes para conocer cómo se determinó que las tierras pueden ser enajenadas y bajo qué condiciones se proyecta la operación.

 

Entre los principales interrogantes planteados aparece la valuación del inmueble, estimada en aproximadamente US$2,5 millones, junto con la metodología utilizada para establecer ese valor y el organismo responsable de realizar la tasación.

 

Cabe recordar que el Decreto 764/2026, publicado el pasado 21 de agosto, autorizó a la AABE a disponer y enajenar distintos inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, entre ellos el predio de la Armada ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan y Horeb, y la avenida Héroes de Malvinas.

 

 

Uno de los proyectos presentados propone directamente derogar dicho decreto y establece que también queden sin efecto todos los actos administrativos y procedimientos que se hayan iniciado como consecuencia de esa norma y que tengan como objetivo disponer o vender los inmuebles incluidos en su anexo.

 

Otra de las iniciativas plantea que el Senado manifieste formalmente su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y expresa preocupación por la pérdida definitiva de patrimonio estatal ubicado en un sector de especial relevancia para Ushuaia, teniendo en cuenta los antecedentes de utilización pública, institucional y comunitaria de las tierras.

 

En paralelo, se busca que el jefe de Gabinete y la titular de la AABE concurran al Senado para brindar explicaciones sobre los fundamentos, antecedentes y actuaciones administrativas que llevaron al Gobierno Nacional a incluir el inmueble de Ushuaia en el decreto, así como sobre las decisiones adoptadas posteriormente por el organismo respecto de las tierras.

 

El cuarto proyecto consiste en un pedido de informes al Gobierno, a través de la AABE y los organismos que correspondan, para obtener información detallada sobre el inmueble y sobre el proceso que podría derivar en su venta. Entre otros puntos, se solicita conocer la situación dominial, catastral y registral de las tierras, incluyendo su nomenclatura catastral, matrícula, antecedentes de dominio y el organismo al que se encontraban afectadas.

 

También se pide que el Gobierno explique cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos, económicos y administrativos utilizados para determinar que el inmueble se encuentra sin una afectación específica, subutilizado, utilizado indebidamente o que resulta innecesario para la gestión del Estado Nacional.

 

Además, se reclaman copias de los informes, dictámenes, tasaciones, relevamientos y demás antecedentes que sustentaron la inclusión del predio en el Decreto 764/2026. Otro de los puntos busca precisar la superficie exacta comprendida por la autorización de venta, junto con los planos, mensuras y documentación catastral correspondientes.

 

En cuanto al valor del inmueble, el pedido solicita que se informe la tasación actualizada, quién estuvo a cargo de realizarla, qué metodología se utilizó y cuándo fue determinada. En ese marco, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con una valuación estimada en unos US$2,5 millones para el predio.

 

Los proyectos también buscan conocer cómo se realizaría una eventual venta, cuál sería la modalidad elegida, el cronograma previsto, el precio base, las condiciones de comercialización y qué destino tendrían los recursos obtenidos.

 

Otro de los interrogantes apunta a determinar si, antes de avanzar con la enajenación, se consultó a la Provincia de Tierra del Fuego o a la Municipalidad de Ushuaia respecto del destino de las tierras y, en caso de haberlo hecho, qué respuestas o antecedentes surgieron de esas consultas.

 

También se pide información sobre la existencia de solicitudes, reclamos, convenios, proyectos de cesión, transferencia, afectación o utilización del inmueble formulados anteriormente por la Provincia, el Municipio u otros organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.

 

Uno de los aspectos centrales del pedido de informes es conocer si Nación analizó alternativas a la venta, como la transferencia, cesión o afectación de las tierras para políticas públicas de interés nacional, provincial o municipal. Entre los posibles destinos mencionados aparecen vivienda, infraestructura, equipamiento urbano, educación, salud, producción, ambiente y otros usos comunitarios.

 

A su vez, se solicita determinar si se realizaron estudios urbanísticos, ambientales o de impacto territorial para evaluar las consecuencias que tendría una eventual transferencia del inmueble al dominio privado, especialmente teniendo en cuenta su superficie y ubicación dentro de Ushuaia.

 

El pedido también contempla conocer si actualmente existen sobre el predio ocupaciones, construcciones, instalaciones, infraestructura, servicios públicos, permisos de uso, concesiones o derechos de terceros, así como cualquier otro elemento que pueda condicionar su utilización o eventual venta.

 

Finalmente, se solicita información sobre posibles restricciones, servidumbres, afectaciones ambientales, urbanísticas o patrimoniales que puedan afectar las condiciones de uso o enajenación de las tierras.

 

Las iniciativas plantean además que se informe si el Poder Ejecutivo Nacional contempla suspender o revisar el procedimiento de venta hasta que Tierra del Fuego y la Municipalidad de Ushuaia puedan expedirse sobre un eventual interés público local respecto del inmueble.

 

De esta manera, los proyectos presentados en el Senado buscan cuestionar no solo la decisión de avanzar con la venta de las tierras, sino también los fundamentos utilizados para determinar que el predio resulta prescindible para el Estado Nacional, su valuación y las alternativas de utilización pública que podrían existir para un sector de casi 38 hectáreas dentro de Ushuaia.