La caída del consumo ya no es el único problema para las pequeñas y medianas empresas argentinas. A las dificultades para sostener ventas, afrontar tarifas, pagar salarios y mantener proveedores se sumó una nueva preocupación: las ejecuciones fiscales y los embargos de ARCA sobre cuentas bancarias, una medida que empresarios señalan como capaz de desestabilizar compañías que ya operan con márgenes mínimos.
El impacto puede ser inmediato. Una cuenta bancaria embargada afecta la posibilidad de girar fondos, pagar proveedores, cubrir salarios, utilizar cheques o sostener el movimiento cotidiano de una empresa. "Te quedás sin bancos, sin chequera, no podés seguir operando", resumió un fabricante al describir lo ocurrido con empresas de su cadena comercial.
El problema adquiere mayor dimensión porque ARCA está llevando determinados incumplimientos a instancia judicial con mayor velocidad. Especialistas tributarios señalaron que existen casos en los que la ejecución comenzó apenas una semana o diez días después del vencimiento de una obligación. "No hay más ejecuciones, sino que se inician más rápido", explicaron desde el área tributaria del estudio Nicholson y Cano.
ARCA explica oficialmente que el embargo surge de un requerimiento de pago iniciado en instancia judicial. Para levantar la medida, el contribuyente debe regularizar la deuda mediante el pago del capital, intereses, honorarios y costas, o ingresando a un régimen de facilidades aprobado y afrontando los gastos judiciales correspondientes.
Crisis de liquidez y caída sostenida de ventas
El endurecimiento de las cobranzas fiscales ocurre cuando buena parte del comercio pyme atraviesa un escenario de liquidez extremadamente ajustada. Las ventas minoristas de las pymes cayeron 3,8% interanual en julio, retrocedieron otro 2,1% frente a junio y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros siete meses del año, según el último relevamiento de CAME.
Las ventas por el Día del Niño bajaron 2,5% interanual, pese a que más del 81% de los negocios relevados aplicaron promociones. CAME advirtió que muchos comercios resignaron rentabilidad mediante descuentos y financiación simplemente para generar flujo de fondos y mover mercadería.
Ya en junio, CAME había pedido formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, que se suspendieran las ejecuciones fiscales y los embargos sobre las pymes. "Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas", planteó Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME. La organización reclamó además una reducción del 50% de los intereses y condiciones financieras más accesibles.
Cierre masivo de empresas y alcance limitado de los alivios
El último Monitor Mensual de Empresas de Fundar, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 30.633 empresas menos desde noviembre de 2023, equivalente a una reducción del 6%. Solo en mayo se registraron 2.371 empresas menos que en abril. El indicador acumula 16 meses consecutivos de caídas mensuales y 27 retrocesos interanuales seguidos.
En julio, ARCA habilitó un régimen especial para MiPyMEs que permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio. Para micro y pequeñas empresas prevé hasta 18 cuotas para determinadas obligaciones y para medianas, hasta 15, con pagos a cuenta del 5% y 10%, respectivamente. La tasa de financiación mensual prevista es del 2,75%. Sin embargo, el régimen no contempla una quita de intereses ni libera las sanciones correspondientes, y el plazo para adherir vence el 30 de octubre.
La suspensión de ejecuciones fiscales y embargos que ARCA prorrogó hasta fin de año no alcanza de manera general a las pymes. La protección vigente está dirigida específicamente a entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud, dejando expuestas a empresas comerciales e industriales que enfrentan problemas transitorios de caja en medio de la caída sostenida del consumo.
