El Puerto de Ushuaia volvió al centro de la escena nacional tras la emisión de un extenso informe en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Sylvestre en C5N. La periodista Felicitas Bonavitta presentó una investigación titulada "Se robaron el puerto de Ushuaia, una intervención escandalosa", que cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de tomar el control de la terminal portuaria.
El informe reconstruyó los hechos desde el 20 de enero, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención administrativa por 12 meses, con posibilidad de prórroga. La medida fue fundamentada en presuntas irregularidades financieras, desvíos de fondos y deficiencias de infraestructura. Desde Tierra del Fuego, sin embargo, la intervención fue denunciada como un avance sobre las facultades provinciales.
Uno de los ejes centrales del informe fue el impacto sobre los trabajadores. Alrededor de 140 empleados de la Dirección Provincial de Puertos fueron desplazados de sus puestos. Cristina Mercado, trabajadora portuaria, relató: "El día de la intervención a mí me sacaron como si fuera una basura". Otra empleada describió: "Me expulsaron de mi lugar de trabajo acompañada por uniformados ese 20 de enero. Tuve miedo". Gastón Castillo, con casi 22 años de trayectoria, contó que el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, fue detenido por Prefectura y notificado de la intervención mediante un mensaje de WhatsApp. Luis Díaz expresó: "Es durísimo lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que está con tratamientos porque ya son casi seis meses de intervención".
El destino de los fondos generados por el puerto fue otro punto crítico. El periodista Guillermo Worman cuestionó la falta de información pública sobre los movimientos financieros y sostuvo que se desconoce el destino de esos recursos. Castillo afirmó: "Las personas que vinieron acá con la intervención son una mafia. Y el dinero se lo están llevando a una caja negra que no sabemos dónde va". La secretaria Legal y Técnica provincial, Mariángeles Arroyo, explicó que la provincia quedó privada de los ingresos del puerto mientras asume los salarios de los trabajadores desplazados. Worman mencionó más de 25.000 millones de pesos anuales vinculados a la actividad de la terminal.
El informe también cuestionó contrataciones realizadas durante la intervención. Castillo aseguró que un contrato de limpieza mensual de 6,5 millones de pesos fue reemplazado por una contratación semestral de 563 millones. Worman mencionó adquisiciones de cámaras de seguridad que, según su denuncia, el puerto ya posee. El periodista también mencionó al grupo Mirgor, a Nicolás Caputo y al titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, sugiriendo posibles conexiones empresariales y políticas.
Finalmente, el informe destacó el valor estratégico de Ushuaia como principal puerto turístico de cruceros y terminal clave para el tránsito antártico, ubicada a poco más de 700 kilómetros de Malvinas. Bonavitta planteó: "Hay muchos intereses cruzados" y mencionó la presencia de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, en Ushuaia, así como entrenamientos militares realizados en 2025. Arroyo explicó que la provincia promovió una acción de inconstitucionalidad contra la medida nacional por considerar que existe un avasallamiento de la autonomía provincial.
