El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, se refirió al debate generado en la ciudad por el funcionamiento de Uber y DiDi y respondió al reclamo de sectores vinculados a taxis, remises y otros servicios de transporte que vienen exigiendo mayores controles sobre quienes trabajan mediante plataformas digitales.

Díaz dejó en claro que el Municipio continuará fiscalizando el cumplimiento de la normativa vigente, aunque descartó avanzar con un esquema de controles que implique perseguir a quienes encontraron en las aplicaciones una alternativa laboral.

“Yo la verdad que creo que es gente que está trabajando. Y si a nosotros como Municipio se nos va a exigir que salgamos a hacer una cacería de brujas de trabajadores, eso no va a suceder”, afirmó.

El funcionario explicó que esta posición ya fue transmitida a referentes de los sectores que vienen planteando la necesidad de incrementar los controles.

“Nosotros realizamos controles como Municipio para que se cumpla normativa, que se cumpla ordenanza. Vamos a seguir realizando los controles, la gente los ve en la calle, saben que nuestros inspectores están y que controlan”, sostuvo.

Sin embargo, Díaz marcó un límite respecto de la intensidad de esas fiscalizaciones: “De ahí a armar un comisariado en cada esquina, como se pretende, para controlar de la manera que se pretende que se controle a aquellos que también están trabajando, no lo compartimos”.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación normativa de Uber, DiDi y otras plataformas en Río Grande. Según explicó, actualmente el servicio no se encuentra prohibido y existe una regulación aprobada por el Concejo Deliberante.

“Hoy el servicio no es ilegal. El servicio hoy está regulado, lo reguló el Concejo Deliberante. Lo que hay que hacer es inscribirse”, remarcó.

Díaz recordó que años atrás había calificado como ilegal este tipo de prestación porque existía una ordenanza que expresamente la prohibía, pero señaló que esa normativa fue posteriormente derogada.

“En algún momento yo pude y recuerdo haber utilizado la palabra ilegal cuatro años atrás porque había una ordenanza que lo prohibía, pero esa ordenanza se derogó, no existe más. Hoy existe una ordenanza que lo regula”, explicó.

En ese contexto, aseguró que cuando los inspectores detectan un vehículo prestando servicios de transporte sin estar registrado, la intención municipal es que el conductor pueda regularizar su situación.

“Los inspectores cuando detectan un servicio de transporte que no está inscripto lo invitan a regularizarse”, indicó Díaz, quien planteó que no necesariamente la primera respuesta debe ser el secuestro del vehículo.

Respecto de las condiciones para obtener la habilitación, mencionó entre los requisitos contar con la licencia correspondiente para transportar pasajeros, realizar la Revisión Técnica Obligatoria cada seis meses, disponer de un seguro para transporte de personas y respetar la antigüedad máxima del vehículo establecida por la ordenanza.

Sobre este último punto, reconoció que la antigüedad exigida puede ser materia de discusión, pero sostuvo que el objetivo debe ser garantizar condiciones de seguridad para los pasajeros.

“Esa persona que está transportando a un vecino cumple con esos requisitos, ¿por qué no puede tener una habilitación municipal para trabajar?”, planteó.

Díaz también relacionó el crecimiento de las plataformas digitales con la situación económica y laboral que atraviesa Tierra del Fuego.

“Yo no creo que aquel que tiene un trabajo quiera salir a trabajar de Uber o de DiDi”, sostuvo, y agregó que tampoco considera que una persona elija tener dos empleos simplemente por voluntad propia para poder llegar a fin de mes.

En ese sentido, responsabilizó a las políticas del Gobierno nacional y al proceso de desindustrialización por el escenario laboral que atraviesa la provincia, al considerar que la pérdida de puestos de trabajo empuja a más vecinos a buscar nuevas alternativas para generar ingresos.

Finalmente, el secretario de Gobierno confirmó que el Municipio no aumentará la cantidad de controles que actualmente realiza sobre los servicios de transporte mediante plataformas.

“Nosotros no vamos a incrementar la cantidad de controles que venimos realizando”, afirmó.

Díaz argumentó que responder al pedido de una fiscalización mucho mayor implicaría incorporar alrededor de 30 personas al Estado municipal, algo que consideró contradictorio con el reclamo social de avanzar hacia una administración más eficiente del gasto público.

De esta manera, el funcionario ratificó que el Municipio continuará haciendo cumplir la ordenanza vigente, pero descartó avanzar con una persecución contra quienes trabajan mediante Uber, DiDi u otras plataformas y puso el foco en que los conductores regularicen su situación para desarrollar la actividad dentro de las condiciones establecidas.