La Justicia del Trabajo de Ushuaia rechazó dos medidas cautelares impulsadas por trabajadores vinculados a la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Emanuel Gabriel Bianchini e Ivon Lorena Pieragostini habían recurrido a los tribunales para obtener licencias sin goce de haberes en la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y garantizar su incorporación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo que mantiene bajo su administración las instalaciones portuarias fueguinas.
Las resoluciones fueron dictadas el miércoles 18 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, en el marco de dos acciones de amparo promovidas por los trabajadores, ambos patrocinados por el abogado Aníbal Daniel Chaparro. En ambos casos, el tribunal resolvió rechazar las medidas solicitadas e imponer las costas judiciales a los demandantes, aunque dejó pendiente la resolución de las cuestiones de fondo planteadas en los respectivos amparos.
La controversia se originó a partir de la Resolución 768/2026 de la Dirección Provincial de Puertos, cuyos efectos los trabajadores pretendían suspender mediante una medida cautelar innovativa. Concretamente, solicitaron que se ordenara al organismo provincial concederles una licencia sin goce de haberes, contemplada en el artículo 34, inciso d), del Convenio Colectivo de Trabajo 1072/09 E, durante el período en que permanecieran designados en la ANPYN.
Sin embargo, los planteos no se limitaron al otorgamiento de las licencias. De manera subsidiaria, ambos trabajadores reclamaron que la Justicia impidiera a la Dirección Provincial de Puertos aplicarles apercibimientos, descuentos salariales, sanciones disciplinarias o medidas que pudieran derivar en la extinción de sus vínculos laborales. De esta manera, pretendían obtener una protección judicial preventiva frente a las consecuencias administrativas que pudieran derivarse de su falta de prestación de servicios en el organismo provincial mientras se desempeñaran en la estructura nacional.
Por su parte, la Dirección Provincial de Puertos, representada judicialmente por la abogada Daniela Ma-hai Castillo Aramburu, solicitó el rechazo de ambas medidas cautelares. Entre sus argumentos, sostuvo que concederlas implicaría adelantar el resultado de los amparos y afectaría el interés público y el funcionamiento administrativo de la institución.
Asimismo, señaló que no se había acreditado la aplicación de sanciones disciplinarias ni medidas de desvinculación contra los demandantes. En consecuencia, consideró improcedente establecer una prohibición general que limitara las facultades legales de organización, dirección y control de la administración portuaria.
Los fundamentos del rechazo judicial
Al analizar los planteos, el Juzgado del Trabajo concluyó que las medidas cautelares solicitadas reproducían, en lo sustancial, las mismas pretensiones formuladas en las acciones principales. En ese sentido, sostuvo que otorgar las licencias reclamadas mediante una resolución provisoria equivaldría a anticipar el resultado de los procesos judiciales, una circunstancia incompatible con la naturaleza excepcional de las medidas cautelares.
Además, el tribunal fundamentó su decisión en jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, de la Cámara de Apelaciones provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece restricciones para conceder medidas precautorias cuando sus efectos coinciden con aquello que debe resolverse en la sentencia definitiva.
Por otra parte, las resoluciones señalaron que no se encontraba acreditada la existencia de un perjuicio irreparable que justificara una intervención judicial anticipada. En particular, el juzgado consideró que los eventuales daños económicos podrían encontrar reparación mediante los mecanismos legales correspondientes.
En consecuencia, resolvió rechazar tanto las medidas cautelares destinadas a obtener las licencias como las solicitudes subsidiarias orientadas a impedir eventuales sanciones laborales. De esta manera, los dos pronunciamientos representan un revés judicial para los trabajadores que pretendían obtener una autorización provisoria para desempeñarse en la ANPYN sin perder su vinculación laboral con la Dirección Provincial de Puertos.
No obstante, las decisiones no resuelven todavía si los trabajadores tienen derecho a las licencias reclamadas, sino exclusivamente la procedencia de las medidas cautelares. Por lo tanto, la discusión continuará en el marco de las respectivas acciones de amparo.
Mientras tanto, los fallos incorporan un nuevo capítulo judicial al conflicto generado por la intervención federal del Puerto de Ushuaia, esta vez vinculado con la situación laboral de agentes provinciales que buscan desempeñarse en el organismo nacional responsable de la administración portuaria.





