Los sindicatos docentes convocaron a un paro nacional universitario para el miércoles 12 de agosto en todo el país, en medio de una escalada del conflicto con el Gobierno nacional. La medida fue impulsada por el sector universitario con el acompañamiento de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La huelga se produce en un contexto marcado por un reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que exige al Estado actualizar sueldos y becas, y refleja el malestar de la comunidad educativa frente al desfinanciamiento del sistema público.
Sergio Romero, secretario de Políticas Universitarias de la CGT y titular de la UDA, fundamentó la medida señalando que "sin Universidad Pública, no hay futuro" para la Argentina. Explicó que la decisión se adoptó ante el continuo incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de respeto a los compromisos asumidos en la paritaria del sector.
El Ministerio de Capital Humano consideró prematura la protesta, argumentando que se cumplió con el incremento salarial pactado en el acta del 10 de junio. Sin embargo, Romero desestimó este argumento y sostuvo que la administración nacional desconoce la realidad de los trabajadores. Aclaró que las demandas exceden un porcentaje puntual, ya que el Gobierno mantiene congelados compromisos relacionados con sueldos docentes y no docentes, becas estudiantiles y partidas de funcionamiento para hospitales universitarios.
En el plano judicial, Romero destacó el alcance institucional del fallo que obliga al Poder Ejecutivo a girar los recursos correspondientes a las universidades. Celebró que la Cámara Contencioso Administrativo Federal dejara sin efecto cualquier intento de suspensión de la cautelar y remarcó que el rechazo previo de la Corte Suprema al recurso del Estado dejó al Ejecutivo sin margen para seguir postergando las partidas presupuestarias que por ley corresponden a la educación superior pública.
