La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Lucía Rossi, se refirió a reclamos relacionados con situaciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y explicó el alcance de las intervenciones que realiza el organismo provincial. La funcionaria aclaró que el organismo puede realizar sugerencias a partir del trabajo de los profesionales, pero que las decisiones y medidas judiciales corresponden a los juzgados.
Rossi remarcó que ante situaciones de vulneración de derechos o riesgo intervienen equipos profesionales encargados de realizar los abordajes correspondientes, elaborar informes y elevar la información a las autoridades judiciales. "Nuestra función y nuestra responsabilidad es con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por sobre cualquier conflicto entre adultos. Nosotros abordamos las situaciones, realizamos los informes correspondientes y elevamos la información a la Justicia", sostuvo.
La ministra también se refirió específicamente a los procesos de revinculación familiar y explicó que no pueden ser considerados simplemente como un trámite administrativo. Según indicó, cada situación puede requerir distintas etapas de evaluación, acompañamiento profesional y el cumplimiento de determinadas condiciones antes de avanzar. "Una revinculación no es un trámite administrativo. Es un proceso que requiere tiempo, acompañamiento y, en muchos casos, el cumplimiento de determinados tratamientos o intervenciones profesionales", afirmó.
La funcionaria explicó que los tratamientos son determinados por especialistas de Salud y que los tiempos de cada proceso dependen de la evolución de las personas involucradas, además de la adhesión y el cumplimiento de las indicaciones establecidas.
Rossi destacó la necesidad de preservar la intimidad de niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando se encuentran atravesados por conflictos entre personas adultas. La ministra reconoció el derecho de cualquier persona a realizar reclamos y solicitar respuestas a las instituciones públicas, pero advirtió que cuando existen menores involucrados debe prevalecer su protección.
"Respetamos profundamente el derecho de toda persona a reclamar y a pedir respuestas a las instituciones del Estado. Pero cuando hay niñas, niños y adolescentes involucrados, todas las personas adultas tenemos una responsabilidad mayor: preservar su intimidad, evitar exposiciones innecesarias, escucharlos y proteger sus derechos", señaló.
La funcionaria insistió en que las decisiones de las instituciones y de las personas adultas deben colocar a las infancias y adolescencias en el centro, independientemente de las diferencias o conflictos existentes. "Por encima de cualquier diferencia, reclamo o conflicto, hay algo que nos tiene que encontrar del mismo lado: el cuidado y la protección de nuestras infancias y adolescencias", concluyó.
