Desde la madrugada de hoy comenzó a regir la reglamentación de la ley penal juvenil a nivel nacional, que introduce cambios sustanciales en el tratamiento de menores en conflicto con la ley. La abogada Sandra Arenas explicó los alcances de esta normativa y advirtió sobre las dificultades para su implementación en Tierra del Fuego.

El punto más polémico de la nueva legislación es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Arenas aclaró que esto no implica que un adolescente de 14 años quede automáticamente detenido o encarcelado al cometer un delito: "Lo que se tiene que tener en cuenta ahora es que tenemos una justicia restaurativa que ve al niño, al adolescente, en este caso, como un sujeto de derechos".

La abogada explicó que el cambio representa un nuevo paradigma, no una simple reforma. Antes, el sistema funcionaba bajo un régimen de patronato, donde el juez tenía un manejo discrecional del menor, visto como objeto del proceso. Ahora, los menores son considerados sujetos de derechos con garantías procesales plenas.

Arenas advirtió que delitos que antes se manejaban de otra manera ahora tendrán consecuencias penales. Citó como ejemplos la falsificación de documentos para ingresar a boliches o situaciones de abuso sexual simple entre menores, que tiene pena de seis meses a cuatro años. "Ellos van a entrar dentro de un proceso donde van a tener sus garantías, van a ser sujetos de derechos, pero entran dentro de lo que es un proceso judicial", señaló.

Las medidas previstas por la ley incluyen reparación del daño, amonestaciones, prohibición de concurrir a determinados lugares y trabajos comunitarios, dependiendo de la gravedad del delito y la violencia ejercida. Estas alternativas no aplican para casos de homicidios. La víctima también adquiere un lugar particular en este nuevo régimen.

En Tierra del Fuego, la aplicación de la ley estará a cargo de los juzgados de familia, específicamente la Secretaría Penal de menores de los jueces González y Montero. Sin embargo, Arenas manifestó serias dudas sobre la capacidad del sistema local para implementar adecuadamente la normativa.

"La ley es muy clara y dice que los juzgados deben ser especializados en materia de régimen penal juvenil. No podríamos mezclar un juzgado de familia con un juzgado especializado", advirtió la letrada. Agregó que la ley también establece que debe aplicarse a través de un sistema acusatorio adversarial, que aún no existe ni siquiera para el derecho penal de adultos en la provincia.

La abogada señaló la falta de recursos críticos para la implementación: "No estamos preparados, no tenemos los profesionales". Mencionó particularmente el problema de las adicciones en menores, que consideró "muy grave, muy grande", en un contexto de sistema de salud colapsado.

Otro punto problemático es la ausencia de la figura del supervisor, una función clave en la ley para dar seguimiento y continuidad al menor bajo el régimen penal juvenil. "En Tierra del Fuego eso no existe", afirmó Arenas.

Los juzgados de familia están abarrotados de causas y la situación se complica con los paros que vienen afectando la actividad judicial. Arenas señaló que tampoco existen estadísticas claras sobre los delitos más frecuentes entre menores, la vulnerabilidad o los riesgos, lo que dificulta planificar la respuesta del sistema.

Respecto a casos graves que requieran detención, como homicidios, la abogada advirtió que "vamos a necesitar lugares que estén especializados". Concluyó con una evaluación crítica: "La ley en todo lo que reza, estipula, a mi criterio tiene cosas muy buenas, muy importantes, que eran necesarias con este nuevo paradigma, pero ¿dónde están las especialidades que necesitamos? No existen en la provincia. Es una ley escrita sin tener los recursos que se necesitan".