Los legisladores Natalia Gracianía y Luciano Selzer, de La Libertad Avanza, presentaron un proyecto para declarar la educación como servicio público esencial en Tierra del Fuego. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las clases durante paros, asambleas, desobligaciones y otras medidas sindicales. La propuesta establece que cada institución educativa deberá mantener, como mínimo, el 75% de su prestación habitual. Ese porcentaje tendrá que cumplirse en cada escuela y turno de manera individual, sin posibilidad de calcularlo mediante un promedio general del sistema. De aprobarse, ningún establecimiento podrá permanecer completamente cerrado durante una medida de fuerza. El régimen alcanzaría tanto a escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema provincial, desde el nivel inicial hasta el superior no universitario, abarcando todas las modalidades educativas. Los autores del proyecto sostienen que la interrupción prolongada de las clases afecta la continuidad pedagógica, profundiza las desigualdades y altera la organización cotidiana de las familias. Entre las disposiciones, el texto establece que los sindicatos deberán comunicar las medidas con una anticipación mínima de 72 horas hábiles. Por su parte, cada institución tendrá que informar a las familias, con al menos 48 horas de anticipación, qué cursos y turnos tendrán actividad. El Ministerio de Educación quedaría como autoridad encargada de organizar los recursos humanos, coordinar con los equipos directivos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima. También deberá implementar un Plan Provincial de Continuidad del Servicio Educativo, que tendrá que actualizarse anualmente. La propuesta contempla la recuperación obligatoria de clases cuando las interrupciones impidan alcanzar la carga horaria anual. Esas jornadas deberán recuperarse dentro del mismo ciclo lectivo, salvo situaciones excepcionales debidamente fundamentadas. Además, se crearía un Registro Público Provincial de Días Efectivos de Clase, donde deberá detallarse escuela por escuela la cantidad de jornadas previstas y cumplidas, los días afectados por medidas sindicales y los cronogramas de recuperación. La iniciativa busca complementar en el ámbito provincial el régimen nacional que incluyó a la educación entre los servicios esenciales y fijó una cobertura mínima del 75% durante conflictos colectivos. El proyecto deberá ser analizado en las comisiones de la Legislatura fueguina.