Se presentó un proyecto para establecer un régimen especial sobre los fondos extraordinarios y no automáticos que reciba la Provincia desde Nación. La iniciativa dispone que esos recursos sólo puedan utilizarse para obras, inversión productiva, emergencias o reducción de deuda y prohíbe destinarlos al pago de salarios y otros gastos corrientes.
E
l legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) presentó un proyecto de ley que busca poner límites al destino que el Gobierno provincial puede darle a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), otras transferencias nacionales no automáticas y cualquier otra asistencia financiera extraordinaria que no forme parte de la coparticipación federal.
El punto central del proyecto es que ese dinero no pueda incorporarse libremente a los gastos habituales de la Provincia. Lechman propone que sólo pueda utilizarse para financiar obras públicas e infraestructura, programas de inversión productiva, atender emergencias formalmente declaradas o cancelar y reducir deuda pública.
Y prohíbe de manera expresa utilizar esos recursos para pagar salarios de empleados públicos, jubilaciones, gastos corrientes de funcionamiento o transferencias corrientes que no tengan un destino específico.
Los ATN están contemplados en la Ley nacional 23.548 de Coparticipación Federal, que destina el 1% de la masa coparticipable a conformar ese fondo y establece que debe utilizarse para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. La norma nacional no fija una prohibición específica para utilizar esos recursos en salarios o gastos corrientes. En ese sentido, el proyecto de Lechman busca imponer dentro de Tierra del Fuego restricciones adicionales sobre el destino que la Provincia podría darles una vez recibidos, limitándolos a obras, inversión productiva, emergencias y reducción de deuda.
El proyecto establece además que cada uno de estos fondos deberá depositarse en una cuenta especial, separada de Rentas Generales, para poder seguir el recorrido del dinero desde que ingresa hasta que es utilizado.
Dentro de los 15 días posteriores a recibir los recursos, el Ejecutivo tendría que enviar a la Legislatura un plan indicando cuánto dinero recibió, para qué lo utilizará, los plazos previstos y qué organismo será responsable de ejecutarlo.
También deberá publicar información actualizada sobre los fondos y presentar informes trimestrales ante la Legislatura. El Tribunal de Cuentas tendría intervención en el control de legalidad y de la ejecución.
La iniciativa plantea que el incumplimiento de lo previsto en la norma implicará que el acto administrativo que destine esos recursos a finalidades prohibidas sea considerado nulo, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
De todos modos, el proyecto contempla una salida para situaciones excepcionales. La Legislatura podría autorizar un destino diferente mediante una ley especial aprobada por mayoría absoluta de sus integrantes y fundada en razones de necesidad pública.
