Una denuncia penal fue presentada contra dos funcionarios provinciales en el marco de los reclamos que familias sostienen por demoras en procesos de revinculación con niños en Río Grande. La presentación judicial busca que se investigue un presunto direccionamiento de casos hacia un gabinete privado y posibles vínculos entre funcionarios y prestadores particulares.
Silvana Napoleonne, abuela de una niña cuya familia reclama avanzar con la revinculación, confirmó que la denuncia alcanza a Verónica Facio, funcionaria de la Subsecretaría de Niñez, y a Luis Rocha, de Abordajes Territoriales. El planteo apunta a que la Justicia investigue un supuesto vínculo entre Facio y la Fundación Sentirnos, un gabinete privado al que habrían sido derivadas familias para atención psicológica de niños involucrados en estos procesos.
Napoleone afirmó que su hijo habría llegado al gabinete privado por sugerencia de Abordajes Territoriales, ante la necesidad de que su nieta recibiera atención psicológica. Según relató, posteriormente comenzaron dificultades para conseguir turnos y la familia considera que esas demoras habrían afectado los tiempos de la revinculación. La denunciante cuestionó por qué debieron recurrir a consultas psicológicas particulares en lugar de contar con atención estatal.
Las sospechas aumentaron cuando distintas familias que participaron del acampe frente a dependencias provinciales comenzaron a comparar situaciones. Napoleone sostuvo que varios padres habrían sido orientados hacia el mismo gabinete y que, al intercambiar información, advirtieron diferencias en la asignación de turnos.
Según explicó, mientras su hijo habría esperado entre dos y tres meses sin conseguir atención, otras familias habrían tenido disponibilidad para seleccionar días y horarios. A partir de esas situaciones, la denunciante sospecha que podría haber existido un manejo discrecional de turnos y considera que las demoras perjudicaron directamente el proceso. Aseguró que cuentan con audios, mensajes y documentación que serían aportados para respaldar los planteos realizados.
Napoleone expresó la sospecha que motiva la presentación al afirmar que consideran que se trata de un negocio con los niños. La denuncia pretende establecer si podría existir algún tipo de relación entre funcionarios que intervienen desde organismos públicos y prestadores privados hacia los cuales serían orientadas las familias, y si eventualmente podría haberse generado algún beneficio económico.
Con la información disponible hasta el momento, no existe una determinación judicial que establezca un direccionamiento de pacientes, un beneficio económico o la comisión de alguna irregularidad por parte de los funcionarios denunciados.
La presentación penal se produce en medio del reclamo que desde hace meses mantienen padres, abuelos y otros familiares por las dificultades y demoras que aseguran enfrentar para concretar las revinculaciones. Las familias también vienen cuestionando la actuación de Corresponsabilidad y sostienen que existirían demoras en el cumplimiento de medidas dispuestas por el Juzgado de Familia a cargo de la jueza Marina Montero.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar la denuncia y la documentación incorporada para determinar si existen elementos que permitan avanzar en la investigación.
