La Resolución aprobada a mediados de octubre declaró la nulidad absoluta del mecanismo aprobado el 7 de septiembre para reclamar acreencias y fijar plazos para iniciar acciones judiciales. Adriana Soria y Horacio Gallegos, representantes de activos y pasivos, acompañaron el 14 de octubre la anulación de la norma que habían aprobado con sus votos. La decisión no extingue las deudas, pero deja sin efecto las exigencias y los controles establecidos para la derogada resolución.

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l Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) declaró la nulidad absoluta y revocó por razones de ilegitimidad la Resolución 122/2026, que había establecido un procedimiento urgente para determinar y cobrar las deudas con el organismo. La medida fue adoptada mediante la Resolución 138, del 14 de octubre, por unanimidad de los presentes.

La decisión dejó sin efecto el esquema aprobado el 7 de septiembre, que fijaba plazos para conciliar acreencias, intimar a los deudores, promover acciones judiciales y requerir al Banco de Tierra del Fuego la retención de fondos provinciales. También eliminó las condiciones para los planes de pago y la obligación de presentar informes mensuales al Directorio que esa norma había establecido.

El cambio tuvo como protagonistas a los propios representantes de los afiliados. El 7 de septiembre, la vocal por los activos, Adriana Soria, y el vocal por los pasivos, Horacio Gallegos, habían aprobado la Resolución 122, frente al voto negativo del representante del Ejecutivo, Jorge Giménez. El 14 de octubre, ambos acompañaron su anulación. La Resolución 138 lleva las firmas del presidente Gustavo García, Soria, Gallegos y Giménez.

La revisión fue promovida por la Presidencia de OSEF, que solicitó a la Coordinación Jurídica analizar la validez del procedimiento. El Dictamen Jurídico 47/2026 concluyó que la norma presentaba vicios que comprometían elementos esenciales de su validez y recomendó declarar su nulidad absoluta.

Entre los fundamentos, la nueva resolución señala que no se encontraba acreditada la emisión de un dictamen jurídico previo a la aprobación del mecanismo de cobro, pese a que sus disposiciones podían afectar derechos o intereses de los sujetos alcanzados. Advierte, además, que la propia Resolución 122 había reconocido la necesidad de esa intervención previa.

Otro cuestionamiento apunta a la distribución de funciones dentro de la obra social. Según la Resolución 138, las instrucciones operativas sobre intimaciones, vías judiciales, comunicaciones al banco y cobro de créditos debían armonizar las atribuciones del Directorio con las facultades de administración y representación asignadas a la Presidencia.

También objeta que se hubieran dispuesto medidas sobre saldos todavía sujetos a conciliación y verificación, y que no se explicaran las razones técnicas para establecer un plazo uniforme de cinco días hábiles frente a créditos de distinta naturaleza y respaldo documental.

La resolución anulada había declarado de interés institucional y trámite urgente el recupero de todas las acreencias exigibles. Como antecedente, consignaba un saldo provisional por aportes y contribuciones de $8.740,6 millones al 28 de agosto. De ese total, $7.682,2 millones correspondían al Gobierno provincial. También figuraban deudas de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Tolhuin, la Dirección Provincial de Vialidad y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial.

Por separado, informaba un saldo contable neto provisional de $10.707,1 millones por prestaciones a beneficiarios RUPE al 31 de julio. La norma aclaraba que esos créditos debían conciliarse y reclamarse de manera diferenciada de los aportes y contribuciones.

Para avanzar con los cobros, establecía cinco días hábiles para elaborar un informe contable integral y otros cinco para cursar las intimaciones luego de recibirlo. Los deudores dispondrían de hasta cinco días hábiles administrativos para pagar o presentar una propuesta admisible. Vencido ese plazo, preveía promover las acciones judiciales correspondientes dentro de los diez días hábiles siguientes.

Además, limitaba los planes de regularización a doce cuotas mensuales, exigía incluir capital, recargos e intereses y prohibía quitas o condonaciones. También disponía informes mensuales sobre las gestiones y los montos recuperados.

El contraste entre ambas votaciones es claro. Soria y Gallegos pasaron de aprobar un procedimiento que buscaba impedir la reiteración indefinida de reclamos administrativos sin resultados a acompañar su eliminación por defectos de legalidad. La Resolución 138 expone los fundamentos jurídicos de la anulación, pero no explica individualmente cómo los representantes de activos y pasivos compatibilizan ambas posiciones.

La nueva norma aclara que la nulidad no implica renunciar, condonar ni extinguir los créditos legítimamente adeudados a OSEF y que su determinación y recupero deben continuar conforme a la normativa vigente.