
La Legislatura de Tierra del Fuego convirtió en ley el nuevo régimen de financiamiento integral del sistema educativo, por la cual se crea el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), un mecanismo que, en lugar de reasignar partidas ya existentes, introduce una serie de nuevas cargas tributarias que impactarán directamente en distintos sectores de la economía provincial.
El texto aprobado establece que los recursos del Fondo tendrán una afectación exclusiva al sistema educativo y se distribuirán de forma orientativa en un 40% para el fortalecimiento del salario docente, un 40% para infraestructura y mantenimiento escolar, y un 20% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos.
La letra chica: de dónde saldrá el dinero
Para nutrir este fondo, la ley introduce modificaciones en el esquema impositivo provincial que golpean a varios actores clave:
Banco de Tierra del Fuego: Se aplicará una alícuota adicional del 3% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a todas sus actividades gravadas, lo que implica eliminar la exención de la que gozaba la entidad. El proyecto aclara que el banco no podrá trasladar ese costo a los trabajadores estatales que utilizan sus servicios.
Distribución de gas: Se fija una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos para la actividad de distribución de gas natural, lo que impacta directamente en la empresa Camuzzi, la cual podría trasladar ese impuesto a los usuaros.
Sector rural: La iniciativa incorpora modificaciones en el Inmobiliario Rural, sumando una carga adicional para los propietarios de predios agropecuarios.
Otros aportes: El fondo también se completará con aportes de la empresa Terra Ignis y con recursos provenientes de sectores estratégicos como el Hidrógeno Verde, la Economía del Conocimiento, la actividad energética y las utilidades de empresas estatales.
Laura Colazo, la opositora que votó a favor del oficialismo
El rechazo del sector productivo
La sanción de la ley encendió las alarmas en el arco productivo y comercial. Desde las cámaras empresariales de la provincia advirtieron que la creación de nuevas cargas tributarias, sumada a la compleja situación económica, complica la supervivencia de las pymes y pone en riesgo el empleo formal.
La principal objeción del sector privado radica en que los mayores costos operativos y financieros terminarán trasladándose de manera directa a los precios que pagan los consumidores finales. Asimismo, remarcaron que la presión fiscal sobre actividades como el gas o el sector rural puede desalentar las inversiones y generar una caída en la actividad que, a la larga, reduzca la recaudación.
En tanto, desde los bloques opositores cuestionaron la estructura tributaria de la ley y advirtieron sobre el impacto en las cuentas públicas. El legislador Jorge Lechman fue categórico al rechazar la iniciativa: "Gobernar no es crear impuestazos a los fueguinos, es ordenar las cuentas públicas".
El legislador señaló que el Ejecutivo provincial lleva casi siete años administrando los recursos y debería mostrar resultados concretos en educación, salud y generación de empleo antes de aplicar nuevas cargas. Además, alertó por el déficit cercano a los 138 mil millones de pesos previsto para 2027 y defendió su propia propuesta, que buscaba destinar el 3% de la coparticipación federal y las regalías provinciales a estas áreas sin necesidad de crear nuevos tributos.
En la misma línea, otros referentes de la oposición habían anticipado su voto negativo argumentando que la medida termina trasladando el costo de la "mala administración provincial" al bolsillo de los ciudadanos.
El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, cuestionó la aprobación del proyecto de financiamiento educativo, asegurando que "esos costos no desaparecen. Terminan trasladándose a la sociedad y lo pagan también aquellos a quienes supuestamente se busca beneficiar, entre ellos los propios trabajadores docentes”.
“Antes de pedirle un esfuerzo más a la sociedad, el Gobierno debería explicar cómo utiliza los recursos públicos y qué resultados obtiene. No se puede pretender solucionar la falta de gestión trasladando la factura a los fueguinos”, sostuvo.





