El gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza mantuvieron un encuentro este viernes en Ushuaia con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti, quienes llegaron a la capital fueguina para avanzar con el proyecto de la Base Naval Integrada anunciado por Javier Milei.
La reunión, celebrada en el edificio de San Martín 450 se produjo en paralelo con la ofensiva del Gobierno nacional contra empresas petroleras que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
Desde la Provincia remarcaron que Tierra del Fuego constituye un espacio estratégico por su ubicación geopolítica, su vinculación con el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida. En este marco, el Gobierno provincial volvió a reivindicar además su carácter de “provincia de Malvinas”.
"Somos la provincia de Malvinas, la puerta de entrada a la Antártida y el corazón del Atlántico Sur. Nuestro lugar geopolítico es único y estratégico.Hace más de 40 años que nuestra provincia impulsa la consolidación de este espacio clave para la defensa de la soberanía", enfatizaron desde el Ejecutivo.
En efecto y tras aterrizar desde Buenos Aires en el FIn del Mundo los funcionarios nacionales recorrieron precisamente el área donde está previsto desarrollar la infraestructura para la Base. El Gobierno nacional confirmó en los últimos días y ratificó que ahora busca reactivarlo y acelerar su ejecución.
Esta iniciativa contempla una mayor capacidad de apoyo para las operaciones navales y la logística antártica, en una ubicación considerada estratégica por su proximidad a los pasos bioceánicos, el Canal Beagle, el Atlántico Sur y el acceso hacia la Antártida.
Para mencionar además que el Gobierno nacional anunció una reasignación de recursos para Defensaen su intención de darle prioridad presupuestaria al proyecto. Según información difundida en los últimos días, la iniciativa cuenta inicialmente con una asignación de US$142 millones, aunque las estimaciones de costo total serían superiores.
Posteriormente, la Casa Rosada anunció nuevas acciones contra otras firmas y avanzó judicialmente contra Navitas Petroleum, una de las principales compañías involucradas en el proyecto offshore Sea Lion, junto con Rockhopper Exploration. La jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto se declaró competente en esa causa, justamente.
La presentación penal contra Navitas fue impulsada por la Cancillería y apunta a cuestionar las actividades desarrolladas al amparo de licencias otorgadas por las autoridades de las islas. El proyecto Sea Lion es actualmente el principal foco de la disputa, ya que contempla el desarrollo de producción petrolera a gran escala en aguas próximas a las Malvinas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto destinado a endurecer el régimen de sanciones para quienes participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas.
