La pérdida del poder adquisitivo sigue afectando a los trabajadores argentinos, aunque con diferencias marcadas según el sector. Los datos de mayo de 2026 revelan que los trabajadores de la Administración Pública Nacional enfrentan la situación más crítica, con una caída acumulada del 36,5% en sus ingresos reales respecto de noviembre de 2023.

Tomando noviembre de 2023 como base 100, el poder de compra del salario público nacional se ubicó en mayo de 2026 en aproximadamente 63,5 puntos. Esto significa que un trabajador estatal nacional necesita actualmente un ingreso considerablemente mayor para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que podía comprar con su salario de hace dos años y medio.

Los salarios privados registrados presentan un panorama menos negativo, aunque tampoco recuperaron el poder adquisitivo perdido. Según el análisis elaborado por el economista Nadin Argañaraz sobre la base de datos del INDEC, estos ingresos se encontraban en mayo de 2026 un 3,6% por debajo de noviembre de 2023. La brecha entre ambos sectores alcanza casi 33 puntos porcentuales.

Los empleados públicos provinciales se ubican en una situación intermedia. En mayo de 2026, sus ingresos reales se encontraban 9,8% por debajo del punto de referencia, mostrando una pérdida de poder adquisitivo menor que la de los trabajadores públicos nacionales, pero superior a la del sector privado registrado.

En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,1%, mientras que los salarios privados registrados crecieron nominalmente 2,0%. El sector público nacional tuvo un incremento de 1,9%, y los empleados públicos provinciales de 1,4%. Al descontar la inflación, esto significó una caída real mensual de aproximadamente 0,1% para los salarios privados, 0,3% para los públicos nacionales y 0,7% para los públicos provinciales.

La pérdida del salario real tiene consecuencias directas sobre la economía cotidiana de los trabajadores. Cuando los ingresos crecen por debajo de los precios, los hogares deben ajustar gastos, postergar compras o reducir el consumo. El impacto se siente especialmente en rubros como alimentos, alquileres, servicios, transporte, salud y educación.

Para los empleados públicos nacionales, recuperar un retroceso de 36,5% en términos reales requiere aumentos significativamente superiores a la inflación durante un período prolongado. Mientras tanto, la política salarial del Estado nacional continúa condicionada por el objetivo oficial de reducción del gasto público, generando una situación donde la desaceleración de la inflación no se tradujo automáticamente en recuperación del poder adquisitivo.