El Gobierno provincial notificó a la intervención federal que este jueves 17 de septiembre inspectores de la Secretaría de Ambiente se presentarán en el Puerto de Ushuaia para fiscalizar la gestión de residuos. La advertencia es concreta: si la Agencia Nacional de Puertos y Navegación impide el ingreso de los agentes provinciales, podrán bloquear el retiro y tratamiento de los residuos alcanzados por el control ambiental. Sin inspección en origen no habrá trazabilidad y, por lo tanto, los operadores habilitados en Ushuaia podrían quedar impedidos de recibirlos.

L

a intervención federal del Puerto de Ushuaia enfrenta un nuevo frente de conflicto con el Gobierno de Tierra del Fuego. Esta vez, la discusión tiene consecuencias operativas concretas: si no se permite el ingreso de los inspectores ambientales provinciales a la terminal portuaria, los residuos sujetos a fiscalización no podrán incorporarse al circuito provincial para su tratamiento y disposición final en Ushuaia.

 

Según se conoció, la advertencia fue formalizada por el Ministerio de Producción y Ambiente mediante una nota dirigida a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo que mantiene intervenido el Puerto de Ushuaia. En el documento se informó que personal técnico de la Secretaría de Ambiente concurrirá a la terminal para realizar tareas de “inspección, fiscalización y control” vinculadas con la gestión de residuos peligrosos.

 

El punto central es que la Provincia reivindica su competencia ambiental sobre estos materiales aun cuando sean generados en buques comerciales o cruceros turísticos que son descargados en el muelle que actualmente está siendo administrado por funcionarios nacionales. Para ello, el Ministerio se ampara en la Ley Provincial N° 105, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y otorga a la autoridad ambiental fueguina facultades de fiscalización y poder de policía.

 

El control provincial no termina en la puerta del Puerto

La propia normativa establece que, aun cuando existan organismos nacionales con competencia sobre el transporte marítimo, la autoridad ambiental provincial conserva las atribuciones de control sobre las embarcaciones que transportan residuos peligrosos y sobre las operaciones de carga y descarga. Más aún, la ley determina que la autoridad portuaria debe prestar colaboración para que esas inspecciones puedan realizarse.

 

Asimismo, el Ministerio recordó que ese esquema se complementa con la Ley Provincial N° 55, marco general de protección ambiental de Tierra del Fuego, que contempla consecuencias frente a la obstaculización o impedimento de las inspecciones realizadas por la autoridad administrativa competente. Por ese motivo, el Gobierno requirió expresamente a la intervención que adopte las medidas necesarias para garantizar el ingreso de los agentes y el normal desarrollo de los controles.

 

La cuestión adquiere especial relevancia porque sin inspección dentro del Puerto no puede garantizarse la trazabilidad de los residuo. Según explica el documento oficial que tuvo acceso este medio, el control en el lugar donde se generan, almacenan o depositan inicialmente constituye un paso esencial para verificar qué material se retira, en qué condiciones se encuentra, quién lo transporta y cuál será finalmente su tratamiento.

 

Por eso, si la intervención federal impidiera el acceso de los inspectores, la consecuencia podría trasladarse inmediatamente fuera del perímetro portuario. La Provincia anticipó que, ante la imposibilidad de realizar los controles, deberá adoptar medidas administrativas preventivas respecto de aquellos residuos cuya generación, almacenamiento y entrega no hayan podido ser fiscalizados.

 

En términos operativos, la intervención podría terminar dejando los residuos dentro del propio Puerto. Por otra parte, el Ministerio advirtió que podrá ordenar a los operadores habilitados que se abstengan de recibir, ingresar, tratar o disponer materiales procedentes de establecimientos en los que no haya sido posible verificar adecuadamente su origen, almacenamiento, identificación, entrega y trazabilidad. Esto bajo la posible sanción de retirar los permisos ambientales que poseen para operar en la ciudad.

 

De esa manera, mientras persista la imposibilidad de efectuar las inspecciones, estos residuos podrían quedar impedidos de ingresar al circuito provincial de tratamiento y disposición final. La finalidad, sostiene la Provincia, es evitar que circulen residuos peligrosos cuya trazabilidad no haya podido ser certificada previamente por la autoridad ambiental competente.

 

Así, el escenario planteado por el Ministerio coloca la responsabilidad directamente sobre la administración federal del Puerto: si la ANPYN permite el ingreso de los inspectores, los controles podrán realizarse y continuará el circuito correspondiente; si los bloquea, la Provincia podrá impedir que los residuos no fiscalizados sean recibidos para su tratamiento fuera de la terminal portuaria.

 

Además, la advertencia no se limita a las consecuencias operativas. El documento firmado por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, deja expresamente a salvo las actuaciones y responsabilidades que pudieran corresponder ante una eventual obstaculización de las tareas de fiscalización.

 

De este modo, la presentación de los inspectores provinciales permitirá determinar si la intervención federal reconoce en los hechos las competencias ambientales de Tierra del Fuego o si abre un nuevo conflicto institucional. Y esta vez, la controversia podría tener una consecuencia inmediata y visible: sin control ambiental dentro del Puerto, los residuos alcanzados por esa fiscalización no tendrán vía habilitada para ingresar al sistema provincial de tratamiento, con las gravísimas consecuencias que esto podría traer para el desarrollo de la temporada de cruceros que inicia en las próximas semanas.