La intervención federal del Puerto de Ushuaia llamó a licitación para modificar integralmente las redes eléctrica y de agua sin haber solicitado previamente criterios técnicos ni autorizaciones a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y la Dirección Provincial de Energía (DPE), organismos responsables de prestar esos servicios en la ciudad.
La Administración General de Puertos S.A.U. (AGP), una sociedad en liquidación que actúa en el marco de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), lanzó la contratación denominada "Ampliación y reparación integral de la red eléctrica y provisión de agua en Puerto de Ushuaia". La obra supera los USD 2 millones y suma casi $1.190 millones entre ítems básicos y eventuales.
El llamado involucra USD 2.001.281 y $1.004.444.050 correspondientes a ítems básicos, más otros $185.139.930 en trabajos eventuales. La apertura de ofertas fue fijada para el 16 de septiembre y la ejecución tendrá un plazo de 365 días corridos desde el Acta de Iniciación.
En materia eléctrica, el pliego incluye trabajos sobre la sala transformadora de Media a Baja Tensión, tableros generales y seccionales, protecciones, alimentadores, tendidos subterráneos, cámaras, iluminación, tableros de muelle, fuerza motriz y puesta a tierra. En agua, contempla el relevamiento, mantenimiento y reacondicionamiento del sistema de bombeo, ensayos operativos y trabajos sobre las cañerías de distribución.
Pese a semejante alcance, DPE y DPOSS no aparecen incorporadas previamente a la definición de las condiciones técnicas del proyecto. La ANPYN pretende contratar primero las obras y resolver después su adecuación a las exigencias de quienes efectivamente tienen responsabilidad sobre los servicios.
Esa secuencia queda expuesta en el propio pliego. El artículo 14 determina que será el Responsable Técnico de la empresa adjudicataria quien tendrá a su cargo "la gestión y tramitación de la totalidad de los permisos, autorizaciones y aprobaciones" necesarias ante la empresa prestataria del servicio eléctrico y ante cualquier organismo provincial o municipal con competencia.
También deberá ajustarse a los requerimientos técnicos, normativos, reglamentarios y operativos que esos organismos establezcan. En otras palabras, los permisos y criterios técnicos indispensables para intervenir sobre las redes no aparecen como una instancia previa al llamado, sino que se trasladan hacia adelante, cuando la contratación ya haya sido adjudicada.
Allí reside el principal cuestionamiento al procedimiento: una obra de esta magnitud debería partir de las condiciones establecidas por quienes prestan los servicios y no intentar obtener su conformidad después de haber definido qué se construirá.
La diferencia no es formal. Si las instalaciones proyectadas no responden a las especificaciones de DPE o DPOSS, los organismos podrían exigir modificaciones antes de autorizar su vinculación o recepción. En ese escenario, una inversión destinada supuestamente a garantizar agua y electricidad podría terminar generando incertidumbre sobre la continuidad de ambos servicios.
El riesgo eléctrico es reconocido indirectamente por el mismo pliego. Las especificaciones advierten que las tareas afectarán la distribución interna de energía y la alimentación de la carga contenerizada, por lo que ordenan mantener el suministro existente durante el mayor tiempo posible.
Asimismo, establece que los cortes deberán ser los mínimos indispensables para preservar la operatividad del Puerto y coordinarse con cinco días hábiles de anticipación. La pregunta, entonces, es por qué una intervención que reconoce semejante sensibilidad operativa fue diseñada sin requerir previamente los criterios de la DPE.
La misma incógnita se extiende a DPOSS respecto de las modificaciones previstas sobre bombeo, cañerías, medidores y accesorios de la red de agua.
No está en discusión la necesidad de reparar instalaciones que el propio Estado nacional reconoce como deterioradas. El problema es otro: pretender definir y contratar una intervención millonaria sobre agua y electricidad sin solicitar previamente autorización y criterios técnicos a los organismos responsables de esos servicios.
La ANPYN puso así el procedimiento en un orden difícil de explicar: primero diseñó la intervención, después llamó a licitación y finalmente pretende que sea la empresa adjudicataria la que consiga las autorizaciones.
Si DPE y DPOSS no convalidan las soluciones proyectadas, las instalaciones podrían requerir modificaciones antes de poder ser conectadas o recibidas. Y entonces el problema dejaría de ser una discusión administrativa para convertirse en una amenaza concreta para la operatoria portuaria.
Porque detrás de una contratación superior a los dos millones de dólares queda una cuestión mucho más básica: la intervención nacional pretende modificar las redes que llevan agua y energía al Puerto de Ushuaia sin haber acordado previamente con quienes tienen la responsabilidad técnica de prestar esos servicios cómo deben hacerse esas obras.
