El secretario adjunto de la UOM seccional Río Grande, Marcos Linares, dio a conocer esta semana un documento elaborado por el Congreso de Delegados y Delegadas en el marco del acto por el paro metalúrgico. El pronunciamiento apunta contra la apertura de importaciones y los intentos de flexibilización productiva, y traza un diagnóstico sobre las pérdidas sufridas por el sector fabril austral durante la última década.

La movilización obrera reunió a trabajadores que acompañaron la lectura del escrito sindical en las calles de Río Grande. El documento oficial abrió con una definición categórica: "sí compañeros, hoy estamos nuevamente en la calle, porque sabemos que los derechos, la industria, los puestos de trabajo y la soberanía no se defienden desde el silencio, se defienden unidos, organizados y haciendo escuchar nuestra voz".

En un repaso histórico, el texto gremial señaló que durante la última década, con la aplicación de políticas contra la industria nacional, se perdió la producción de notebook, netbook, tablet, cocinas microondas y se vio afectada la producción de teléfonos celulares, lo que significó la pérdida de cientos de puestos de trabajo. A esto se suma el vencimiento previsto de dos resoluciones anti-dumping que protegen la producción nacional de equipos de aire acondicionado. Los delegados denunciaron que la apertura indiscriminada de productos importados pone en riesgo la continuidad productiva de uno de los productos más importantes de la industria metalúrgica.

Uno de los tramos más severos del documento estuvo dirigido al sector empresarial. El Congreso de Delegados responsabilizó a las empresas radicadas en la isla de presentar de manera unilateral ante la Secretaría de Industria de la Nación modificaciones sustanciales en los procesos productivos "con el solo fin de sostener sus negocios y sin tener en consideración a los trabajadores". La seccional Río Grande ratificó su rechazo a cualquier nueva flexibilización, modificación o reducción de los procesos productivos de equipos de aire acondicionado y de cualquier otro producto fabricado en Tierra del Fuego.

La dirigencia sostuvo que cada proceso que se elimina, cada tarea que se reduce y cada componente que deja de fabricarse representa menos trabajo y una amenaza para las familias fueguinas. Rechazaron cualquier intento de vaciar o flexibilizar la Ley 19.640, creada para promover el desarrollo industrial, generar empleo fueguino e incorporar valor agregado. Recordaron que experiencias anteriores demostraron que la reducción de procesos productivos no generó más inversiones ni mayor desarrollo, sino pérdida de empleo y debilitamiento de la industria nacional.

El reclamo incluyó exigencias concretas al sector empresario: que retire el proyecto de flexibilización ingresado a la Secretaría de Industria de Nación y que se abstenga de cualquier iniciativa que implique disminuir puestos de trabajo. Además, establecieron un ultimátum exigiendo que en un plazo no mayor a 72 horas se los convoque para discutir el reclamo paritario. La UOM también exigió al gobierno provincial, a los representantes políticos y a las autoridades nacionales "una defensa firme, concreta e incondicional de la soberanía y la industria fueguina", advirtiendo que no alcanzan los discursos sino que necesitan decisiones concretas.

El documento cerró anunciando la profundización del plan de lucha en caso de no recibir respuestas satisfactorias. Los delegados advirtieron que "esta es sólo una primera medida de un plan de lucha que iremos profundizando hasta lograr que nuestros reclamos sean escuchados y atendidos", y concluyeron con la consigna: "ni un puesto de trabajo menos, ni un proceso productivo menos. La industria fueguina se defiende, la patria no se vende".