El gasto de capital nacional acumula una caída real del 10% entre enero y julio de 2026. De los 1241 proyectos activos, solo el 35% registró pagos durante los primeros siete meses del año. En ese período, el monto devengado alcanzó los 0,7 billones de pesos, apenas el 26% del crédito vigente.
La reducción de la obra pública comenzó desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El gasto de capital pasó de representar el 7,5% del total del gasto primario entre 2021 y 2023 al 2,5% en los últimos dos años. En términos del PBI, se redujo al 0,4%, según un trabajo de la consultora LCG.
Entre enero y julio, el Gobierno nacional giró 0,5 billones de pesos para financiar obras mediante transferencias de capital a las provincias, un 52% menos en términos reales frente al mismo período de 2025. La distribución fue desigual: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos.
En contraste, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía en lo que va del año. En términos per cápita, Catamarca recibió montos que superan en más de 23 veces al promedio provincial.
Tucumán concentró recursos para obras de transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de la ruta nacional N°7 por unos 11.682 millones de pesos. Catamarca y Salta recibieron fondos para infraestructura de agua potable y alcantarillado, mientras que San Luis obtuvo recursos para proyectos de vivienda.
La obra pública ejecutada directamente por Nación acumula un recorte del 38% en términos reales desde enero. El área de Transporte concentró el 43% de la ejecución total. El programa con mayor inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó 24.100 millones de pesos con una ejecución del 42%, aunque registró una caída del 28% real interanual.
Buenos Aires recibió 29.693 millones de pesos, el 19% de los fondos destinados a Transporte. Los recursos se asignaron a la construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón y a las etapas III y IV del programa MAS. Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos como las jurisdicciones con mayores asignaciones en el área.
El Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de rutas nacionales a las provincias para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas. Ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro. Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian sus acuerdos, mientras que Tucumán rechazó la propuesta.
El primer convenio fue firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro el 22 de julio, e incluye la gestión de la ruta nacional A012 por un plazo de 20 años. Estos acuerdos representan el primer paso del esquema habilitado en abril con el decreto 253, que autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje.
La delegación no implica el traspaso de titularidad de las rutas. El Estado mantiene el dominio público y la jurisdicción federal, mientras que las provincias podrán asumir funciones de administración, reparación y mantenimiento previa firma de convenios con la Dirección Nacional de Vialidad. La Nación también busca transferir al sector privado la operación de más de 9000 kilómetros de rutas bajo esquemas de concesión por peaje.





