El Gobierno de Javier Milei trabaja en la elaboración de un decreto que profundiza la política de endurecimiento contra extranjeros que agiten discursos de odio contra Argentina. La norma se encuentra en curso de reglamentación y complementa medidas anteriores vinculadas a la prohibición de ingreso a quienes inciten acciones contra los intereses comunes del país.
El DNU incorpora los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra símbolos patrios entre los impedimentos para ingresar al territorio nacional. Estas mismas causales también habilitan la cancelación de residencias ya otorgadas.
La cancelación de la residencia puede derivar en una intimación para abandonar Argentina o directamente en una expulsión, según las particularidades de cada caso. Una vez habilitadas por el decreto, estas normas deberán implementarse en el procedimiento operativo de Migraciones y Seguridad.
El decreto excluyó expresamente como causales de expulsión a las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o protegidas constitucionalmente. Esta salvaguarda buscaría diferenciar entre discursos de odio y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
