El Gobierno argentino dispuso que todas las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán pagar por la atención en hospitales públicos del país. La resolución incluye a quienes poseen residencia precaria y se encuentran en proceso de regularización migratoria.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Salud y modifica el funcionamiento de la gratuidad del sistema sanitario argentino. Desde su entrada en vigencia, los extranjeros que aún no obtuvieron la residencia permanente deben abonar tanto servicios de emergencia como consultas médicas programadas.

Roberto Aruj, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, analizó el impacto de la disposición. "Como todas estas medidas, son negativas para un país como la Argentina, que es tradicional e históricamente abierto a la migración", afirmó en Infobae en Vivo.

El especialista recordó la existencia de la ley 25871, sancionada en 2003 y reglamentada en 2010, que garantiza derechos plenos a los extranjeros que deseen instalarse en el país. Aruj explicó que el proceso para acceder a la residencia permanente requiere dos años de permanencia en Argentina, período durante el cual la persona cuenta con un documento que acredita residencia precaria.

En zonas de frontera, algunas provincias como Salta ya implementaron medidas para cobrar a extranjeros la atención médica. "Este tipo de vinculación se realiza en general en lugares de frontera, donde la circulación es permanente de un lado y para el otro", explicó Aruj.

El director del Instituto consideró que la medida responde más a demandas políticas que a cuestiones económicas. "Me parece que apunta a un sector que reclama estas medidas, que de alguna manera están vinculados al Gobierno en términos políticos", afirmó. Agregó que no existen datos que indiquen un flujo masivo de extranjeros que viajen exclusivamente para atenderse en hospitales públicos argentinos.

Aruj advirtió que el control estricto puede afectar a familias transnacionales que viven y trabajan en ambos lados de la frontera y circulan diariamente entre países. El especialista sostuvo que estos decretos restringen derechos fundamentales y que la discusión debería darse en el Congreso Nacional. "El residente precario paga sus impuestos, consume, respeta las leyes", remarcó.