La Justicia Federal admitió al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa contra la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada este martes por la jueza federal Mariel Borruto y habilita a la ciudad a participar formalmente del expediente.

La presentación había sido realizada por la Asesoría Letrada del Municipio, con el objetivo de que Río Grande pudiera incorporarse al proceso y acompañar el planteo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA).

El pedido municipal se fundamentó en las responsabilidades que establece la Carta Orgánica de Río Grande respecto de la protección del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad, además de su condición de municipio costero sobre el Atlántico.

En ese marco, la intervención busca incorporar la perspectiva local frente a los posibles efectos ambientales de la actividad hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur y sobre los recursos naturales involucrados.

La causa se inició como una acción preventiva por posible daño ambiental de incidencia colectiva. El planteo de los excombatientes y de los abogados ambientalistas cuestiona el avance de Sea Lion y solicita medidas para prevenir eventuales impactos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, además de plantear cuestiones vinculadas con los derechos soberanos argentinos sobre los espacios marítimos involucrados.

El intendente de Río Grande Martín Pérez confirmó este mediodía la incorporación del Municipio a través de una publicación en su cuenta de X y puso el foco en el rol que tendrá la ciudad dentro del expediente.

“Esta decisión nos permite intervenir en el proceso y acompañar el reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas”, indicó.

En la misma publicación, Pérez vinculó la participación municipal con la defensa de los recursos naturales y la cuestión Malvinas.

“Los recursos de Malvinas son de los argentinos. El Atlántico Sur tiene que seguir siendo una zona de paz. Río Grande va a seguir defendiendo y reclamando lo que nos pertenece, en todo ámbito, en todo momento”, remarcó.

EL ANTECEDENTE JUDICIAL

La incorporación del Municipio se produce después de que Borruto asumiera la competencia de la Justicia Federal de Río Grande para intervenir en la causa contra Rockhopper y Navitas. La magistrada consideró la materia ambiental involucrada, el carácter interjurisdiccional de los recursos y la jurisdicción de los tribunales argentinos respecto de las empresas extranjeras.

También dio intervención a la Provincia de Tierra del Fuego a través de su Fiscalía de Estado.

En ese marco, el 16 de septiembre la jueza hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el CECIM y la AAdeAA y ordenó a las empresas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar distintas actividades vinculadas con Sea Lion.

La medida alcanzó las perforaciones del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y líneas de flujo, estructuras de fondeo y unidades flotantes, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres y portuarias asociadas al proyecto.

La suspensión fue dispuesta hasta que la autoridad ambiental nacional competente tramite la Evaluación de Impacto Ambiental prevista por la Ley General del Ambiente y emita una decisión, o hasta que el propio juzgado determine otra medida.

La resolución también estableció que las empresas debían informar, bajo declaración jurada y dentro de los diez días, el estado actual del proyecto, además de preservar documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion.

En cuanto al planteo sobre el financiamiento, la magistrada dejó pendiente el tratamiento de una prohibición general sobre nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias y aportes de capital, hasta contar con la identificación concreta de los sujetos, operaciones y bienes involucrados.

También solicitó información a la Subsecretaría de Ambiente, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre eventuales declaraciones ambientales, autorizaciones, habilitaciones, antecedentes administrativos y sanciones vinculadas con el proyecto y las empresas demandadas.

La decisión cautelar se sustentó, entre otros aspectos, en la falta de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades argentinas. Según información de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente citada en la resolución, no se había iniciado un aviso de proyecto ni ese procedimiento con las empresas involucradas.

QUÉ ES SEA LION

Sea Lion, también denominado León Marino, es un proyecto de explotación hidrocarburífera offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental. El desarrollo es impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

El proyecto contempla pozos de producción, infraestructura submarina y una unidad flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos. La posible afectación ambiental y la falta de una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas forman parte de los principales fundamentos de la acción preventiva que dio origen al expediente.

Con la admisión del Municipio como parte interesada, Río Grande pasa a participar formalmente de un expediente que reúne cuestiones ambientales, recursos naturales y aspectos vinculados con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur.