La Justicia Federal de Río Grande a cargo de la Dra. Mariel Borruto dispuso una medida cautelar para suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en el área de las Islas Malvinas. Ordenó a las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production LTD. abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con el emprendimiento.

 

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías quien hizo lugar a la presentación cautelar y estableció que la suspensión alcanza las tareas de perforación, la instalación de infraestructura submarina y el comienzo de la explotación petrolera. 

 

com.ar, como parte de la resolución Rockhopper y Navitas deberán presentar ante el juzgado, dentro de los 10 días de ser notificadas, una declaración jurada acompañada de documentación que permita establecer cuál es la situación actual del proyecto. Deberán informar el cronograma previsto para las distintas etapas del emprendimiento, incluyendo construcción, perforación, instalación y eventual comienzo de la explotación.

 

También estas corporaciones extranjeras tendrán que precisar la cantidad, ubicación y estado de los pozos proyectados, además de identificar las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados.Sobre la estructura de financiamiento de Sea Lion, las compañías deberán identificar las entidades financieras y fondos que hayan intervenido en el emprendimiento y detallar los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes.

 

La jueza solicitó además información sobre las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con el proyecto. En materia ambiental, la documentación deberá incluir los estudios realizados, análisis de riesgos, eventuales modelizaciones de derrames y los planes de contingencia previstos ante posibles incidentes.

 

La resolución de Borruto exige precisar qué obras e instalaciones terrestres y portuarias fueron ejecutadas o se encuentran proyectadas como apoyo al emprendimiento, junto con cualquier ampliación prevista o incorporación de nuevos pozos. El fallo contempla, además, planteos de las organizaciones demandantes para impedir determinados movimientos financieros vinculados con el desarrollo de Sea Lion, como nuevos contratos de financiamiento, desembolsos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías.

 

La magistrada federal de Río Grande requirió información a la Cancillería argentina para determinar si las empresas involucradas cuentan o contaron con algún tipo de habilitación, permiso, autorización o consentimiento otorgado por autoridades argentinas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes que integran la plataforma continental argentina. El organismo deberá responder ese requerimiento dentro de un plazo de 10 días.

 

A su vez, la jueza solicitó información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete, para establecer si existe algún aviso de proyecto o procedimiento de evaluación de impacto ambiental relacionado con Sea Lion o con eventuales ampliaciones del emprendimiento.

 

Cabe recordar que la semana pasada se conocía que la Justicia Federal de Río Grande asumía competencia sobre la demanda presentada contra Rockhopper y la israelita Navitas por el proyecto Sea Lion. En esa instancia, Borruto había fundamentado la competencia federal tanto en razón de la materia como del territorio y había reconocido la jurisdicción de los tribunales argentinos respecto de sociedades constituidas en el extranjero.