El oficialismo pretende tratar el próximo jueves su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que prevé modificaciones a las normativas vigentes sobre tenencia de tierras en manos de extranjeros y la venta de territorios considerados estratégicos.

La iniciativa busca modificar parte de la Ley de Tierras Nº 26.737, sancionada en 2011, que establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Esa norma también prohíbe que ciudadanos de una misma nacionalidad superen el 30% de ese cupo y que una persona extranjera adquiera más de 1.000 hectáreas en áreas como la pampa húmeda o la zona núcleo.

Actualmente hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en el país, casi el 5% del territorio nacional total. Este número se concentra en zonas clave como ríos, lagos, bosques nativos, acuíferos y zonas cordilleranas con minerales críticos. La reforma también modificaría el artículo 4 del Decreto-Ley 15.385 de 1944 sobre tierras en zonas de frontera, habilitando la extranjerización de áreas limítrofes mediante la figura del "silencio administrativo positivo".

En contraste, varios países latinoamericanos mantienen restricciones. En Brasil, la Ley Nº 5.709/1971 limita la compra de tierras por extranjeros. En México, el artículo 27 de la Constitución establece que los extranjeros solo pueden adquirir tierras rurales con autorización del Estado. En Paraguay, la Ley Nº 2.532/2005 impide a extranjeros adquirir tierras a menos de 50 kilómetros de las fronteras. Varios países de Centroamérica, Colombia y Perú tienen normas similares que prohíben compras en franjas de entre 15 y 40 kilómetros de las fronteras.

En Canadá, provincias como Saskatchewan limitan la propiedad extranjera a 10 acres, Alberta a 20 acres y Manitoba a 40 acres. En Estados Unidos, 30 de los 50 estados tienen leyes que restringen la compra de tierra agrícola por extranjeros, y es obligatorio registrar cualquier propiedad mayor a 40 acres. En Israel, el Estado es dueño del 93% del territorio y la ley prohíbe expresamente la venta de estas tierras, permitiendo solo arriendos de largo plazo.

Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras, señaló que "con la reforma que propone el Gobierno, Argentina sería el país más liberal, los campeones nuevamente de la no regulación". También advirtió que "prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo Chile, limitan estrictamente la tenencia de capitales por parte de extranjeros".

La norma actual prohíbe que extranjeros compren tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura. La reforma eliminaría esta protección específica sobre recursos estratégicos como ríos, lagos, acuíferos y zonas de alto valor ambiental.