El conflicto salarial en el Poder Judicial de Tierra del Fuego comienza a extenderse hacia otros cuestionamientos relacionados con el funcionamiento interno de la institución. El viernes 9 de octubre, trabajadores judiciales protagonizaron una ruidosa protesta en los tribunales de Río Grande, con silbatos, cánticos y recorridas por distintas dependencias, antes de iniciar un cese de actividades desde el mediodía.

Durante el reclamo, Matías Taborda, confirmó que los dos gremios judiciales ofrecerán una conferencia de prensa provincial el próximo martes 13 de octubre, a las 14, desde Ushuaia y con transmisión en vivo.

“Hay un punto de inflexión respecto de la lucha salarial y de otras cuestiones. El martes vamos a mencionar cuáles son los puntos que el trabajador judicial considera que se están haciendo mal, qué debe modificarse y la necesidad urgente de una recomposición salarial”, anticipó.

La convocatoria genera expectativas sobre la posibilidad de que los sindicatos hagan públicos cuestionamientos que van más allá de la discusión salarial y que podrían alcanzar a las decisiones administrativas, los nombramientos y las condiciones laborales dentro del Poder Judicial.

El mismo porcentaje para quienes cobran millones y quienes reclaman llegar a fin de mes

Uno de los principales motivos del conflicto es la versión de que el Superior Tribunal de Justicia podría otorgar un incremento salarial del 1,5% para octubre, una cifra que los trabajadores consideran insuficiente.

Taborda aclaró que todavía no existe una oferta formal ni una acordada que confirme ese porcentaje.

“No hay una oferta concreta. Lo que hay es un rumor de un 1,5% para octubre y se considera insuficiente”, señaló.

Pero existe otro cuestionamiento que profundiza el malestar: los aumentos porcentuales alcanzan por igual a empleados y magistrados, pese a las enormes diferencias entre sus remuneraciones.

Mientras trabajadores de categorías inferiores reclaman una recomposición salarial, se mencionan ingresos de jueces y altas autoridades judiciales que superarían los 20 millones y alcanzarían los 25 millones de pesos.

La aplicación de un mismo porcentaje representa diferencias económicas significativas. Un aumento del 1,5% sobre 25 millones equivale a 375 mil pesos, mientras que sobre un salario de 1,5 millones representa solamente 22.500 pesos.

“No es la misma realidad la de un trabajador de categoría media que la de un ministro”, sostuvo Taborda, quien explicó que los gremios vienen reclamando incrementos diferenciados que permitan mejorar prioritariamente los ingresos de las categorías más bajas.

El escrache al Juzgado de Familia N.º 2 y los 17 trabajadores trasladados

La protesta del viernes también tuvo un episodio especialmente significativo en el Juzgado de Familia y Minoridad N.º 2 de Río Grande, a cargo de la jueza Marina Montero.

Los manifestantes colocaron carteles de protesta en esa dependencia, que desde hace tiempo se encuentra en el centro de cuestionamientos por su funcionamiento y por denuncias relacionadas con las condiciones laborales.

Uno de los antecedentes más importantes es el de 17 trabajadores que denunciaron diversas situaciones relacionadas con una presunta persecución laboral y que terminaron siendo trasladados, en su totalidad, hacia otras áreas del Poder Judicial.

Las acusaciones de los trabajadores apuntan a la conducción del organismo a cargo de Montero, aunque ello no implica que exista una resolución que haya determinado responsabilidades de la magistrada.

La magnitud de los traslados y las denuncias de persecución laboral colocan nuevamente bajo discusión las condiciones de trabajo dentro de esa dependencia judicial.

Nuevos nombramientos mientras se argumenta falta de presupuesto

Otro de los aspectos que genera malestar es la incorporación de personal al Poder Judicial mientras se plantean dificultades presupuestarias para atender los reclamos salariales.

De acuerdo con la información recogida, se vienen produciendo nuevos ingresos de trabajadores sin que se hayan realizado concursos para esas incorporaciones.

La situación abre interrogantes sobre los criterios utilizados para cubrir los cargos y las prioridades administrativas de una institución que, al mismo tiempo, sostiene la necesidad de contar con mayores recursos para afrontar una recomposición salarial.

A ello se suman versiones y cuestionamientos sobre posibles vínculos familiares o personales entre algunos ingresantes y autoridades judiciales. Por el momento, esas vinculaciones no se encuentran acreditadas en la información disponible y podrían formar parte de los planteos que los gremios realicen el próximo martes.

El propio Taborda evitó anticipar detalles sobre los nuevos nombramientos, aunque dejó abierta la posibilidad de que sean abordados durante la conferencia.

En materia presupuestaria, sostuvo que el Poder Judicial necesita una ampliación de partidas y señaló que, según entiende, las autoridades judiciales estarían negociando esa cuestión con el Ejecutivo provincial.